Gustavo Petro insiste en la consulta popular en Colombia, desafiando al Congreso y abriendo un debate sobre poder, legitimidad y democracia
Por: Paulina Arango M
Consulta popular en Colombia: ¿Un mecanismo de poder o de participación?
La decisión del presidente Gustavo Petro de avanzar con la consulta popular en Colombia a pesar del concepto negativo del Senado es más que una disputa coyuntural. Es un acto que desnuda la fragilidad estructural del sistema político colombiano. Lo que podría parecer un desacuerdo técnico entre ramas del poder, es en realidad una grieta profunda en la forma en que entendemos la democracia, la legalidad y la legitimidad.
Como columna de opinión, esta reflexión no busca repetir la cobertura diaria, sino indagar en lo que no siempre se dice: que esta decisión abre una fisura que interpela tanto al poder presidencial como a una clase política que parece cada vez más desconectada de los lenguajes ciudadanos.
El Senado y Petro: un pulso que va más allá de lo jurídico
El concepto negativo del Senado frente a la iniciativa presidencial no tiene efectos jurídicamente vinculantes. Sin embargo, en un sistema democrático, el simbolismo político importa. La negativa del Legislativo no es un simple trámite institucional rechazado; es una manifestación de la distancia entre el Ejecutivo y el Congreso, cada vez más visible y menos contenida.
En este contexto, la decisión de Gustavo Petro se posiciona como un mensaje político con múltiples destinatarios. Para sus detractores, se trata de un acto de soberbia institucional, de avance autoritario. Para sus simpatizantes, es la reafirmación de una lucha contra un Congreso percibido como una muralla de privilegios. Entre ambos extremos, la mayoría ciudadana —confusa, cansada o simplemente ausente— observa cómo se debilitan los canales de representación sin que se construyan alternativas sólidas.
¿Participación ciudadana o plebiscito encubierto?
La retórica del gobierno ha insistido en que esta es una forma legítima de participación ciudadana. En teoría, lo es. Pero en un país donde las reglas de juego democrático han sido usadas muchas veces como herramientas de coyuntura, cabe preguntarse si esta consulta será un ejercicio de deliberación colectiva o un nuevo episodio de confrontación simbólica.
La historia reciente de Colombia muestra que no hay neutralidad en los mecanismos de participación. El plebiscito de 2016 dejó lecciones claras sobre los peligros de reducir debates complejos a respuestas binarias. En este caso, la consulta popular propuesta por Petro puede terminar siendo menos un instrumento deliberativo y más un termómetro emocional sobre su imagen y su agenda.
La arquitectura institucional en jaque
Estamos ante una situación que obliga a discutir de fondo la arquitectura del poder en Colombia. ¿Qué pasa cuando el Ejecutivo, legitimado por el voto popular, decide gobernar por fuera o por encima de las estructuras representativas? ¿Qué ocurre cuando las instituciones se niegan a dialogar con las aspiraciones sociales? Esta no es sólo una crisis institucional, sino una crisis de relato democrático.
No se trata simplemente de Petro. Ni siquiera sólo de su gobierno. Se trata de un momento constitutivo para el país, en el que se cruzan dos narrativas: la de quienes defienden el marco institucional como garante de estabilidad, y la de quienes lo consideran un obstáculo para el cambio. Ambas visiones se confrontan en esta consulta.
¿Consulta popular o experimento constituyente?
En el fondo, lo que está en juego no es sólo un mecanismo. Lo que Petro ha planteado es una especie de experimento constituyente: una forma de someter a consulta no un tema puntual, sino el papel del Estado, del Congreso, de los partidos tradicionales, de la economía y de la justicia. Lo que se consulta no es una política pública; es la legitimidad de todo un sistema.
Esta dinámica, si no se encauza con responsabilidad, puede derivar en un escenario donde la democracia se debilite aún más. El poder presidencial no puede —ni debe— sustituir el diálogo interinstitucional con la lógica del mandato popular directo. Pero tampoco puede ignorarse que la institucionalidad actual, con su inmovilidad, ha cultivado las condiciones para que este tipo de salidas se vuelvan atractivas para amplios sectores de la población.
Una advertencia final: legitimidad no es licencia
Petro puede tener legitimidad de origen, pero eso no equivale a una licencia permanente para gobernar por excepciones. Así como el Congreso no puede negarse eternamente a reformar el sistema, el presidente tampoco puede convertir la consulta popular en Colombia en una herramienta para saltarse los contrapesos democráticos.
Esta columna no pretende emitir un veredicto, sino invitar a la reflexión. Si la democracia se convierte en un juego de fuerza entre poderes enfrentados, los únicos que pierden son los ciudadanos. La consulta, en lugar de ser un vehículo para resolver conflictos, podría convertirse en el síntoma más evidente de una política nacional sin puentes ni puntos de encuentro.
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