Analizamos la viabilidad financiera del marañón frente al arroz en el agro colombiano tras la polémica propuesta del Ministerio de Agricultura.
Por: Paulina Arango M
Santiago de Cali-octubre 5 del 2026. El agro colombiano atraviesa una encrucijada estructural impulsada por la aridez extrema del Fenómeno de El Niño y el ahogamiento financiero del campesinado. La controversia estalló en el sur de La Guajira cuando el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, lanzó una sentencia tajante frente a un grupo de productores: “No siembren arroz. No es negocio el arroz. Es muy riesgoso. Necesita mucha agua”. La recomendación del jefe de la cartera de sustituir este cereal por el cultivo de marañón desencadenó un debate nacional en el último trimestre del año. Mientras regiones como Casanare arrastran deudas que alcanzan los $471.000 millones y distritos de riego en Norte de Santander restringen el agua para cultivos prioritarios de consumo humano, el Gobierno sopesa un decreto de Emergencia Económica para congelar obligaciones bancarias, mientras la dirigencia gremial y la oposición cuestionan la viabilidad real de cambiar la tradición agrícola por la promesa de la nuez.
El dilema económico en el surco: Marañón vs. Arroz
La paradoja del campo colombiano no radica en la falta de alternativas agronómicas, sino en la asimetría entre el flujo de caja inmediato y la sostenibilidad a largo plazo.
Rentabilidad a largo plazo frente a la urgencia del flujo de caja
El marañón se proyecta en los análisis del sector con un margen de rentabilidad entre el 24% y el 34%, respaldado por un mercado internacional y local que paga el kilo procesado por encima de los $50.000 a $60.000 al por mayor. Su fortaleza radica en una notable resistencia a las sequías y a los suelos pobres de la Altillanura, La Guajira, Cesar y Vichada, donde los costos de mantenimiento caen tras su establecimiento. Sin embargo, este modelo exige un pulmón financiero que la pequeña agricultura rural no posee: resistir entre tres y cuatro años sin ingresos de esa tierra y disponer de infraestructura local para el pelado industrial de la nuez, cuya cáscara tóxica impide la comercialización en crudo.
Por el contrario, el arroz representa la urgencia diaria. Con una rentabilidad históricamente asfixiada —frecuentemente inferior al 10% o sumida en pérdidas directas por la escalada de fertilizantes e insumos—, el cereal garantiza liquidez en pocos meses y cuenta con una cadena de comercialización y molienda consolidada. Su vulnerabilidad es hídrica y operativa: exige volúmenes masivos de agua de riego y expone al pequeño productor a la quiebra ante sequías prolongadas o caídas en el precio de la tonelada.
Contingencia climática y choque institucional
Frente a la severidad del clima, el Ministerio de Agricultura ha trazado un plan de choque que incluye un decreto de emergencia nacional para suspender créditos agrícolas por hasta cuatro meses sin castigar las calificaciones financieras. A esto se suma el plan de alivio en Casanare para el reperfilamiento de deudas con almacenes de insumos y molinos, junto con el despliegue del denominado “Combo Milagro del riego” : un paquete tecnológico de pozos profundos, bombas sumergibles y paneles solares financiados vía crédito industrial.
No obstante, las fisuras políticas e institucionales no se hicieron esperar. Desde la oposición, el expresidente Gustavo Petro tildó de "miserable" la idea de renunciar al arroz, defendiendo la soberanía alimentaria mediante créditos blandos. Por su parte, Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, demandó protección estatal efectiva: “El Gobierno debe proteger el arroz”. El gremio exige reactivar el incentivo al almacenamiento y contener el impacto de las importaciones bajo el TLC, golpeados por desplomes de precios en las cosechas recientes. El clima de tensión escaló con el envío de una carta del ministro Dangond ordenando una inspección y auditoría estricta a Fedearroz sobre el uso de los fondos parafiscales y del fondo Col-Rice recaudados durante los últimos 15 años.
Las grietas de la reconversión productiva
Proponer que un agricultor endeudado en Fonseca o el Zulia abandone el arroz para sembrar marañón sin un esquema de transición es desconocer la realidad del crédito rural. Si bien el modelo mixto —cultivar arroz o pancoger mientras los árboles de marañón maduran— se perfila como una salida técnica viable, la infraestructura de transformación del marañón sigue siendo inexistente en la mayoría de las regiones afectadas. Sin plantas procesadoras locales ni subsidios de subsistencia durante la ventana de tres años de maduración del árbol, la reconversión no pasa de ser un anuncio coyuntural.
La crisis del sector arrocero no se resuelve con formulaciones teóricas ni decretos de emergencia provisionales que solo posponen el cobro de las deudas. Exigirle al campesino que elija entre la quiebra por falta de agua o la inanición por esperar cuatro años una cosecha de marañón refleja la falta de una política agraria de Estado. Si Colombia aspira a proteger su soberanía alimentaria y modernizar su campo ante el cambio climático, la transición debe financiarse con infraestructura real de riego, plantas de procesamiento y capital de fomento, no con la transferencia del riesgo al eslabón más débil de la cadena.
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