"Papá Pitufo": El Zar del contrabando que tejió una red de influencias en las Instituciones colombianas y sacudió la política nacional

Diego Marín, alias "Papá Pitufo", el "zar del contrabando" en Colombia, tejió una red de corrupción que involucró a funcionarios de la DIAN, la Policía y congresistas de diversos partidos, exponiendo la vulnerabilidad de las instituciones frente al crimen organizado

El contrabando y la evasión fiscal afectan a las empresas legales, especialmente a las PYMES, y frenan el desarrollo económico del país. Foto : cortesia y Julio Cesar Herrera

  

Diego Marín, conocido en el bajo mundo como "Papá Pitufo", construyó una inmensa fortuna durante más de tres décadas a través del contrabando, consolidándose como el “zar” de este negocio ilegal. Su nombre saltó a la primera plana cuando se vinculó su figura con el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, lo que parecía un simple rumor político pronto se transformó en un escándalo de magnitudes insospechadas, al involucrar a políticos de distintas tendencias, funcionarios de alto nivel de la Policía, la DIAN y el Senado. Según el reconocido periodista Daniel Coronel, la red de "Papá Pitufo" destapó un sistema de corrupción que logró penetrar las más altas esferas del poder, revelando una estructura en la que las mafias del contrabando lograron subvertir las instituciones del Estado.

Marín, quien a lo largo de su carrera en el contrabando comercializó productos como autopartes, cigarrillos, ropa, calzado y textiles, alcanzó una influencia considerable al evadir hasta 8 billones de pesos en impuestos. Este lucrativo negocio no solo representó una amenaza directa para las finanzas públicas, sino que, al mismo tiempo, permitió a Marín afianzar una red de contactos políticos y administrativos que lo respaldaron y facilitaron sus operaciones ilegales. A medida que su fortuna aumentaba, su poder crecía, extendiendo sus tentáculos a diversos niveles de la administración pública y ganándose la protección de figuras claves en instituciones como la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).

Lo más alarmante del caso es que el imperio de "Papá Pitufo" no se limitó al tráfico de mercancías de contrabando. Fuentes cercanas al caso han revelado que Marín logró tejer una compleja red de complicidad con cerca de 100 funcionarios de la DIAN y POLFA. Estos agentes, a cambio de sobornos, facilitaron la entrada y salida de productos sin que se pagaran los impuestos correspondientes, permitiendo que Marín operara con total impunidad. Este esquema de corrupción, que involucraba a agentes del Estado encargados de hacer cumplir la ley, demuestra cómo las instituciones fueron infiltradas por intereses ilícitos, socavando su credibilidad y efectividad.

Lo que parecía una simple implicación en el financiamiento de la campaña de Gustavo Petro pronto adquirió nuevas dimensiones al revelarse que el contrabando de "Papá Pitufo" se extendía más allá de su vínculo con un solo partido. Según Daniel Coronel en la W Radio, Marín tuvo conexiones con congresistas de diversos partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Entre los implicados se encuentran figuras de los Liberales, el Partido Verde, los Conservadores, la Unión Nacional (UN) y, por supuesto, del Centro Democrático. Algunos de estos congresistas habrían recomendado a personas vinculadas al contrabando para que ocuparan cargos clave en la DIAN, garantizando así la protección de los intereses de Marín a cambio de apoyo político y financiero.

Este nivel de infiltración política ha dejado al descubierto las complejas interacciones entre el poder político y el crimen organizado en Colombia. Los congresistas implicados, sin importar su partido o ideología, utilizaron sus contactos en la administración pública para asegurar que los negocios ilícitos de Marín continuarán su curso sin obstáculos. Esta corrupción transversal no solo pone en evidencia la fragilidad de las instituciones, sino que también subraya cómo el contrabando puede extender su influencia a través de diversas esferas políticas, tanto en la coalición de gobierno como en la oposición, desdibujando las líneas ideológicas y partidarias.

El impacto del contrabando y la evasión fiscal en la economía colombiana es profundo y perjudicial, especialmente para las empresas que operan dentro del marco legal. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, el contrabando causa pérdidas millonarias a las empresas nacionales, quienes deben enfrentarse a productos ilegales que no solo evaden impuestos, sino que compiten de manera desleal. Esto afecta particularmente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que carecen de los recursos para competir con productos contrabandeados que ingresan al país a precios mucho más bajos, lo que reduce las ventas de los productos nacionales. Además, la evasión fiscal, que va de la mano del contrabando, priva al Estado de los ingresos necesarios para financiar proyectos vitales para el desarrollo económico, afectando indirectamente a todas las empresas al reducir la calidad de los servicios públicos y la infraestructura.

Este escándalo ha sacudido profundamente al país, dejando al descubierto una red de corrupción que va más allá de un solo individuo o un partido político. Lo que comenzó como una investigación sobre el financiamiento de la campaña de Petro terminó revelando un fenómeno mucho más complejo, donde la corrupción, el crimen organizado y los intereses electorales se entrelazan de forma peligrosa. Este caso pone de manifiesto que la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal no debe ser un esfuerzo aislado, sino un proceso integral que implique una reforma profunda y un compromiso firme para erradicar los vínculos entre el poder político y las mafias del crimen organizado.

RMC Noticias en su rol en la defensa de la transparencia y la justicia, hace un llamado a la reflexión colectiva: ¿cómo es posible que el crimen organizado, con sus redes de contrabando y evasión fiscal, siga teniendo tanta influencia sobre nuestras instituciones democráticas? Este escándalo, que involucra a actores de todos los sectores políticos, nos recuerda que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo conjunto y más allá de las ideologías. Solo cuando las instituciones políticas y judiciales sean verdaderamente transparentes y autónomas, Colombia podrá salir del círculo vicioso de la corrupción y construir un futuro más justo y próspero para todos.

Por: Paulina A Arango M