Consumo amenazan el patrimonio cultural de Cali, mientras la comunidad exige acciones reales en el Barrio Obrero.
Foto: Comunicaciones Alcaldía de CaliPor: Redacción RMC | 19 de febrero de 2026
El 19 de febrero de 2026 no fue una fecha protocolaria más en la agenda pública de Cali. Fue el día en que el barrio Obrero —epicentro histórico de la salsa— volvió a sentarse frente al poder para exigir algo elemental: seguridad y dignidad.
En una mesa de trabajo convocada por la administración del alcalde Alejandro Eder, la Policía Metropolitana y líderes comunitarios escucharon el diagnóstico que los vecinos repiten desde hace años: consumo abierto de drogas, deterioro del espacio público y una sensación de abandono que contradice la narrativa turística de la ciudad. El anuncio fue la implementación de la estrategia “Entornos Saludables y Seguros”. La pregunta que flota en el ambiente es otra: ¿será diferente esta vez?
El barrio Obrero no es un decorado folclórico. Es un territorio que creció con obreros del ferrocarril, migrantes del Pacífico y generaciones que encontraron en la música una forma de identidad y resistencia. De sus esquinas salieron bailadores, coleccionistas y melómanos que cimentaron la reputación de Cali como capital mundial de la salsa.
Hoy, varias de esas esquinas están marcadas por otra realidad: expendios informales, habitantes en calle, riñas nocturnas y parques convertidos en zonas de consumo. La contradicción es brutal: mientras la ciudad promociona recorridos patrimoniales, el entorno inmediato del patrimonio se desmorona.
Una estrategia bajo la lupa ciudadana
La hoja de ruta presentada por la Alcaldía se apoya en cinco ejes: propósito estratégico, intervención territorial, entornos saludables, enfoque prioritario y articulación institucional. En el papel, la arquitectura es sólida. En la calle, la exigencia es simple: permanencia. Clara Torres Sinisterra, subsecretaria de Poblaciones y Etnias, explicó durante el encuentro: “Es vital plantearle a la comunidad la metodología que trabajamos con los habitantes de y en calle”.
El enfoque social es necesario. Nadie discute que el consumo problemático requiere rutas de atención, no solo operativos policiales. Pero el dilema es estructural: sin control territorial sostenido, la intervención social se diluye; sin intervención social, el control se vuelve efímero.
El equilibrio frágil entre control y derechos
Desde la Secretaría de Salud Pública se anunció la ampliación de programas de atención y la consolidación de rutas para personas con consumo de sustancias psicoactivas. También se estudia delimitar espacios públicos donde el consumo abierto sea restringido.
La medida, aunque polémica para algunos sectores, responde a una tensión evidente: ¿cómo garantizar derechos individuales sin sacrificar el derecho colectivo a la seguridad?
El barrio Obrero se ha convertido en laboratorio de esa discusión. Lo que allí ocurra sentará precedente para otras zonas históricas de la ciudad.
Memoria larga, paciencia corta
Los vecinos escuchan, toman nota y comparan. No es la primera vez que se anuncian intervenciones. Jaime Parra, residente desde hace 62 años frente al parque central, lo dijo sin rodeos: “Se necesita que todos los entes se metan aquí al barrio para controlar todo y que no sea nomás hacer las cosas y ya”.
En esa frase se condensa el sentimiento colectivo: el problema no es la falta de diagnósticos, sino la ausencia de continuidad. El barrio no teme a los planes; teme al olvido posterior.
Lo que está en juego
Si el plan logra consolidarse, el impacto podría traducirse en reactivación económica, turismo cultural y recuperación del espacio público. Pero si fracasa, la consecuencia será más profunda que una estadística: la erosión simbólica de un patrimonio que no se puede trasladar ni reconstruir en otro lugar.
La salsa no nació en oficinas ni en decretos. Nació en patios, en solares, en calles vivas. Si esas calles se pierden, se pierde algo más que un circuito turístico.
El Estado como presencia, no como visita
El barrio Obrero no necesita un acto administrativo; necesita constancia. La ciudad que presume su capital cultural no puede permitir que su cuna histórica se convierta en territorio residual.
La administración tiene frente a sí una prueba política y moral: demostrar que la recuperación no será una fotografía para boletines, sino una política pública sostenida. El patrimonio no se protege con discursos, sino con presencia real y resultados medibles.
La comunidad ya habló. Ahora le corresponde al poder demostrar que sabe escuchar… y quedarse.
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