Ante la escalada de violencia, el Gobierno Nacional y local refuerzan estrategia para contener a las disidencias y mejorar la seguridad urbana
Cali vuelve a estar en el centro del debate nacional por temas de seguridad. Tras una serie de ataques atribuidos a estructuras armadas ilegales, el Gobierno ha enviado nuevos refuerzos policiales a la ciudad. El alcalde Alejandro Eder anunció la llegada de un contingente especial que conformará un Bloque de Búsqueda destinado a enfrentar directamente a las bandas multicrimen que operan en la región. Esta medida responde a una creciente preocupación ciudadana por el deterioro de la seguridad y la sofisticación de las estructuras delincuenciales.
La ciudad bajo presión: violencia con sello de estructuras armadas
En las últimas semanas, Cali y su área metropolitana han experimentado una ola de atentados atribuidos a la estructura Jaime Martínez, una de las facciones más activas de las disidencias de las FARC. Estos grupos han expandido su presencia en zonas urbanas y rurales, ejerciendo control sobre rutas del narcotráfico, extorsión, minería ilegal y tráfico de armas. Según informes de la Fundación Paz y Reconciliación, solo en el primer semestre de 2024, la estructura Jaime Martínez fue responsable de al menos 18 acciones armadas en el suroccidente del país, varias de ellas con impacto directo en Cali.
Una respuesta que llega con enfoque táctico
El Bloque de Búsqueda anunciado por el alcalde Eder y el subdirector de la Policía, general Rosemberg Novoa, está compuesto por unidades especializadas en inteligencia, investigación y operaciones urbanas. Estas fuerzas operarán en articulación con las autoridades locales y regionales, con el objetivo de identificar, ubicar y desarticular redes criminales que han mutado hacia estructuras híbridas, combinando crimen organizado con violencia política. “Esta no es solo una respuesta reactiva; es una operación estructural con enfoque territorial”, afirmó Novoa durante la reunión con el alcalde.
¿Quiénes están detrás de la violencia?
La estructura Jaime Martínez no actúa sola. Según un informe reciente de Indepaz (junio 2025), esta disidencia opera en alianza con otros grupos ilegales en el Valle del Cauca, incluyendo redes del Clan del Golfo y carteles mexicanos, lo que complejiza la respuesta del Estado. El reporte indica que al menos 14 municipios del departamento tienen presencia activa de grupos armados ilegales, y varios de ellos mantienen disputas por corredores estratégicos hacia Buenaventura. Esta situación ha facilitado la infiltración de dinámicas criminales en áreas urbanas como Cali y Palmira.
Efecto directo en los barrios
La presencia de grupos armados en la ciudad no es una amenaza abstracta. Comunas como la 13, la 15, y la 21 han sido escenario de homicidios selectivos, extorsión a comerciantes, reclutamiento de jóvenes y control de microtráfico. Los ciudadanos, aunque han normalizado ciertos niveles de violencia, siguen denunciando la ausencia de presencia estatal efectiva. De ahí que el despliegue del Bloque de Búsqueda genere expectativa, pero también dudas: ¿será una solución sostenible o solo una respuesta temporal?
Más que pie de fuerza: ¿qué pasa con la inversión social?
El aumento de uniformados puede contener una amenaza inmediata, pero no resuelve las causas profundas de la violencia. Expertos en seguridad urbana insisten en que la estrategia debe ir acompañada de políticas públicas en educación, empleo, cultura y salud mental. Según el Observatorio de Seguridad de Cali, más del 60 % de los jóvenes vinculados al crimen organizado han abandonado la escuela antes de terminar el bachillerato. Sin alternativas reales, la fuerza pública seguirá apagando fuegos que se encienden constantemente por falta de oportunidades.
Seguridad sí, pero con enfoque de largo plazo
La llegada de refuerzos policiales y la conformación de un Bloque de Búsqueda en Cali es una señal clara de que el Estado no puede ignorar más la violencia urbana. Sin embargo, el problema no se resuelve solo con operaciones tácticas. Lo que se requiere es una estrategia integral que combine inteligencia, presencia territorial, justicia eficaz e inversión social sostenida. La seguridad no puede depender exclusivamente del número de patrullas en la calle, sino de la capacidad del Estado de reconstruir confianza en los barrios y ofrecer caminos distintos a la violencia. La ciudad necesita una respuesta estructural, no solo una intervención coyuntural. Y sobre todo, necesita que los planes no se queden en promesas o titulares.
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