La decisión de Washington revive tensiones históricas y cuestiona el enfoque punitivo del combate antidrogas
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Redacción de RMC Noticias/
Más que un castigo, una señal de agotamiento
Santiago de Cali, 16 de septiembre de 2025La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en su lucha antidrogas no solo marca un hito en la historia reciente de las relaciones bilaterales, sino que plantea una pregunta fundamental: ¿hasta cuándo se seguirá midiendo el éxito de esta guerra con parámetros desfasados? El anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros, y confirmado por el Departamento de Estado, sacude no solo los cimientos diplomáticos, sino también los narrativos de una estrategia que, tras cinco décadas, sigue sin ofrecer soluciones estructurales.
¿Qué significa que EE. UU. descertifique a Colombia?
El Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Colombia en su “Determinación Presidencial sobre Países de Tránsito Importante de Drogas o de Producción Importante de Drogas Ilícitas para el Año Fiscal 2026”, junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela. En términos prácticos, la descertificación no implica la ruptura de relaciones ni sanciones económicas inmediatas, pero sí representa un golpe simbólico al considerar que el país no ha cumplido sus compromisos internacionales antidrogas en los últimos 12 meses. Curiosamente, el mismo documento reconoce que la asistencia a Colombia sigue siendo “vital para los intereses nacionales” de EE. UU., lo que plantea una contradicción entre discurso y política real.
La respuesta de Petro: fin de la dependencia
El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar. Desde la Casa de Nariño fue enfático al señalar que esta decisión representa el fin de una relación de subordinación. Criticó duramente el enfoque estadounidense basado en la fumigación con glifosato y señaló que los mayores cultivos de coca ocurrieron durante el gobierno de Iván Duque, cuando se aplicaban precisamente esas medidas. “No es el glifosato tirado desde avionetas lo que resuelve el problema, sino la reducción de la demanda en EE. UU. y Europa”, afirmó. Su mensaje es claro: la política antidrogas debe cambiar de paradigma y dejar de responsabilizar exclusivamente a los países productores.
Incautaciones y cifras que contradicen la descertificación
Las estadísticas respaldan parte de la crítica del gobierno colombiano. En lo corrido de 2025, Colombia ha incautado 600 toneladas de cocaína, un 20 % más que el año anterior. El general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, destacó que en 2024 se alcanzaron 889 toneladas incautadas, cifra récord a nivel global. Además, entre enero y septiembre de 2025, se incrementaron en un 21 % la destrucción de laboratorios y en 17 % las bajas a estructuras criminales. Estos datos, respaldados por el Ministerio de Defensa y reportados al New York Times, muestran un esfuerzo sostenido, incluso con costos humanos: 107 miembros de la Fuerza Pública han muerto en operaciones antidrogas solo este año.
Opiniones divididas: entre la injusticia y la oportunidad
El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, calificó la medida como “injusta” y perjudicial para ambos países. Desde otro ángulo, el expresidente Ernesto Samper, quien vivió una descertificación en los años 90, aseguró que no es el fin del mundo. “Nos permite mostrar los altos costos que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro”, indicó. Para Samper, la descertificación es una herramienta política, ilegal en términos del derecho internacional y regresiva en su impacto, pues golpea a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: campesinos e indígenas.
Un nuevo modelo: ‘Oxígeno y Asfixia’
La administración Petro ha promovido una nueva política antidrogas que rompe con el modelo represivo. Llamada “Oxígeno y Asfixia”, la estrategia distingue entre comunidades cocaleras y grandes organizaciones criminales. Bajo este modelo, se busca apoyar la transformación del territorio, más allá de la sustitución de cultivos: se promueven economías legales con valor agregado, infraestructura y acceso a mercados. Según la Dirección de Sustitución de Cultivos, se espera intervenir al menos 20.000 hectáreas en 2025 bajo este enfoque, actualmente en marcha en regiones como Catatumbo y el Cañón del Micay.
Análisis de fondo: ¿cuál es la verdadera intención de EE. UU.?
Para analistas como Alejandro Campo, la descertificación o su versión atenuada (certificación con “waiver”) no son más que fórmulas diplomáticas que perpetúan una guerra contra las drogas ineficaz. La reducción de ayuda por parte de EE. UU. ya había comenzado desde el gobierno de Trump, con el retiro de más de 400 millones de dólares y la cancelación de programas de USAID. Lo que está en juego no es solo dinero, sino el modelo de cooperación. Como bien señala Campo, “la política de Estados Unidos es comparable a quien, tras ser traicionado en el sofá, decide botar el sofá”.
Un fracaso compartido y un futuro que exige corresponsabilidad
La descertificación de Colombia debe leerse no como una sentencia, sino como el síntoma de un fracaso colectivo. Tras cinco décadas de lucha antidrogas, los resultados son insuficientes porque el modelo está roto desde su base: penaliza al eslabón débil y omite el papel de los verdaderos centros de consumo y lavado de activos. Colombia ha pagado con sangre, territorio y legitimidad institucional una guerra que no empezó, ni puede terminar sola. Si Estados Unidos quiere resultados reales, debe comenzar por su propia casa: reducir la demanda, controlar el tráfico interno y desmantelar las redes financieras que sostienen el negocio.
No se trata de eximir responsabilidades, sino de compartirlas con justicia. La lucha antidrogas no puede seguir siendo una política de imposición, sino un esfuerzo conjunto y coherente. La descertificación no es el fin, pero sí una alerta: seguir haciendo lo mismo, con menos recursos y más reproches, solo servirá para confirmar el fracaso anunciado de una guerra que se libra sin estrategia común ni horizonte claro.
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