Un anuncio que sacude al país
Colombia amaneció nuevamente bajo la amenaza de la violencia armada tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de un paro armado de 72 horas, programado entre las 6:00 a. m. del 14 de diciembre y la misma hora del 17. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la guerrilla pidió a la población no movilizarse por carreteras ni ríos navegables, reviviendo un escenario de miedo que el país conoce demasiado bien. El mensaje, lejos de ser simbólico, implica riesgos reales para millones de ciudadanos que dependen del transporte y el comercio en plena temporada decembrina.
La excusa política y la amenaza implícita
El ELN justifica el paro armado como una supuesta protesta contra la “intervención imperialista” de Estados Unidos y un presunto “plan neocolonial” que atentaría contra la soberanía nacional. Sin embargo, detrás de esa retórica ideológica se esconde una advertencia directa: el grupo actuará contra quienes considere “saboteadores”, mientras asegura —sin mayor credibilidad— que respetará a los civiles y sus bienes. La experiencia histórica demuestra que estas promesas rara vez se cumplen y que la población termina siendo la principal víctima.
Roy Barreras y la indignación política
La reacción política no se hizo esperar. El embajador Roy Barreras expresó con dureza su rechazo al paro armado, cuestionando el sentido de una “protesta” que, según sus palabras, solo termina perjudicando a los campesinos y a las regiones más pobres del país. Su pronunciamiento resume un sentimiento extendido: estas acciones no afectan a potencias extranjeras ni a líderes internacionales, sino a comunidades rurales que quedan atrapadas entre la guerrilla y la fuerza pública.
Prohibiciones que paralizan regiones enteras
El paro armado implica la prohibición de tránsito por carreteras y ríos, el cierre forzado de comercios y posibles agresiones contra quienes desobedezcan. El ELN “advierte” a los civiles que eviten desplazarse para no “mezclarse” con la Fuerza Pública y sufrir “accidentes”, una amenaza velada que pone en riesgo la vida de millones de colombianos inocentes. En zonas históricamente golpeadas por el conflicto, este tipo de anuncios genera pánico, aislamiento y una parálisis económica que tarda meses en superarse.
Respuesta del Estado: despliegue y contención
El Ministerio de Defensa calificó el paro armado como un acto de “constreñimiento criminal” y anunció un mayor despliegue militar para proteger a la ciudadanía y garantizar la movilidad. Aunque estas medidas buscan enviar un mensaje de control institucional, el desafío es enorme: cubrir extensas zonas rurales, asegurar vías estratégicas y evitar enfrentamientos que terminen afectando a la población civil.
Paz Total bajo presión
La decisión del ELN de declarar un paro armado de alcance nacional golpea directamente la narrativa de la “Paz Total” impulsada por el gobierno. Tras meses de diálogos y llamados al cese de hostilidades, este nuevo episodio evidencia la fragilidad del proceso y la incapacidad de frenar acciones que generan terror colectivo. La controversia también salpica a figuras clave de la negociación, como el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, cuya participación en mesas de diálogo sin resultados concretos despierta dudas sobre la efectividad y los límites de estas conversaciones.
Un país rehén de la intimidación
El paro armado del ELN deja al descubierto una verdad incómoda: en Colombia, la violencia sigue siendo utilizada como herramienta de presión política, aun cuando sus efectos recaen casi exclusivamente sobre la población civil. Bajo discursos de soberanía y resistencia, los grupos armados imponen el miedo como norma y convierten la vida cotidiana de campesinos, comerciantes y transportadores en un acto de riesgo permanente. Este tipo de acciones, lejos de fortalecer causas políticas, termina alimentando el discurso de los opositores del progresismo, que encuentran en la persistencia de la violencia un argumento poderoso para sembrar desconfianza y rechazo. Lo más delicado es que el miedo vuelva a convertirse en un factor de decisión electoral. Mientras la intimidación siga reemplazando al diálogo real y la fuerza ilegal dicte las reglas en los territorios, el país continuará atrapado en un ciclo donde la esperanza de vivir y trabajar en paz queda subordinada al temor y a la polarización. Mientras la guerrilla habla de soberanía y resistencia, los campesinos, comerciantes y transportadores pagan el precio. Colombia enfrenta, una vez más, la pregunta de fondo: ¿hasta cuándo la violencia seguirá marcando la agenda nacional y poniendo en jaque la seguridad de quienes solo buscan vivir y trabajar en paz?
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