El candidato presidencial avala el incremento para 2026, pero advierte que sin alivios a las mipymes el impacto social podría diluirse.
Por: Paulina Arango M
Cali, Valle del Cauca, diciembre 30. El aumento del salario mínimo para 2026 volvió a encender el debate económico en Colombia. Aunque la medida es celebrada por su alcance social, también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad. Desde Bogotá, el candidato presidencial Roy Barreras respaldó el ajuste como una decisión necesaria para reducir rezagos históricos, pero advirtió que, sin una estrategia integral, el incremento podría tensionar el empleo, las finanzas públicas y la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas.
Un ajuste con impacto social inmediato
Barreras destacó que el aumento beneficia de manera directa a más de 2,5 millones de trabajadores formales, entre ellos vigilantes, mensajeros y empleados del sector servicios, quienes dependen del salario mínimo para cubrir necesidades básicas. Desde su perspectiva, el ajuste responde a un criterio de justicia social largamente aplazado y corrige una pérdida acumulada del poder adquisitivo que afectó durante años a los hogares de menores ingresos.
El riesgo de un aumento aislado
El respaldo al incremento vino acompañado de una advertencia clave: un salario más alto no garantiza bienestar si el costo de vida continúa en ascenso. Barreras señaló que alimentos, medicamentos, transporte y servicios públicos siguen presionando la inflación cotidiana. Por ello, insistió en que el debate debe ir más allá de la cifra y enfocarse en una política económica que combine control de precios, crecimiento productivo y estabilidad macroeconómica.
Mipymes, el eslabón más vulnerable
Uno de los puntos centrales de su pronunciamiento fue la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de cerca del 98 % del empleo en Colombia, según datos oficiales del tejido empresarial. Barreras alertó que para muchos pequeños empleadores el costo total de un trabajador —salario, prestaciones y cargas— ronda los tres millones de pesos mensuales, lo que hace urgente aplicar alivios como reducción de impuestos locales, tarifas preferenciales de renta, beneficios en IVA y créditos con tasas subsidiadas y respaldo estatal a través de Fogafín.
Responsabilidad fiscal y reflexión colectiva
El candidato también puso sobre la mesa el impacto fiscal del aumento, recordando que el Estado deberá asumir mayores costos en salarios públicos, pensiones y contratos, con un efecto estimado cercano a los 7 billones de pesos. Desde una postura editorial, el mensaje es claro: el incremento salarial es un paso necesario, pero exige decisiones responsables y un acuerdo nacional que eleve la productividad. El desafío electoral que se avecina invita a reflexionar si el país está dispuesto a construir un modelo donde trabajadores, empresarios y Estado avancen en un equilibrio sostenible, más allá de promesas coyunturales y con una visión de largo plazo para Colombia.
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