El respaldo de la Asamblea a la Gobernación frente a la asfixia financiera de la Nación.
Santiago de Cali 12 de marzo del 2026. La salud en el Valle del Cauca no solo está enferma; está entrando en una fase de cuidados intensivos por cuenta de una parálisis financiera que parece dictada desde la distancia y la indolencia. Este 11 de marzo de 2026, la Asamblea Departamental cerró un debate de control político que, más allá de las cifras, reveló un drama humano: una deuda de 6 billones de pesos que mantiene en vilo a millones de ciudadanos. Con 15 votos a favor, los diputados respaldaron la gestión de la gobernadora Dilian Francisca Toro, validando las maniobras de emergencia de su administración frente a un Gobierno Nacional que, según las denuncias, ha retenido cerca de 3 billones de pesos vitales para la red hospitalaria.
La radiografía de una crisis inducida
El panorama descrito por la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, es desolador. No se trata de una percepción, sino de una aritmética de la tragedia. El giro de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) apenas alcanza un promedio del 34% para las instituciones públicas del departamento. Esta "dieta forzada" de recursos ha provocado el cierre de 4,000 servicios y la pérdida de 1,000 empleos en tan solo el último trimestre.
El impacto en la red pública y privada
La crisis no distingue entre lo público y lo privado. Cuando el flujo de caja se detiene, el efecto dominó es inmediato: Retrasos críticos en la entrega de medicamentos esenciales. Postergación indefinida de citas con especialistas y cirugías programadas.Médicos y enfermeras que hoy engrosan las listas de desempleo mientras la demanda de atención crece.
“La crisis financiera es absolutamente clara de demostrar, es inevitable, pero también es ineludible la búsqueda de soluciones que pasan por el Gobierno Nacional”, sentenció Lesmes ante la duma.
Gestión regional ante el vacío nacional
Ante la parálisis de las EPS intervenidas por el Ejecutivo central, la Gobernación ha tenido que "saltar al campo" con recursos propios y estrategias de contingencia. Las denominadas Jornadas de Desconcentración de Servicios han permitido que 15,000 personas en municipios vulnerables reciban atención de especialistas, una cifra que se suma a los 2,100 pacientes atendidos en Cali bajo modalidades de emergencia.
Defensa de la transparencia y la atención integral
El diputado Mario Germán Fernández de Soto subrayó que, a pesar de las limitaciones presupuestales, la gestión departamental ha mantenido una línea de transparencia. Por su parte, el diputado Rafael Rodríguez destacó el papel de la Oficina de Atención al Paciente, que se ha convertido en el último refugio para aquellos que el sistema nacional ha dejado a la deriva.
Un llamado urgente a la Superintendencia y al Ministerio
La voz de la Asamblea fue unánime en un punto: el Valle no puede solo. El diputado Carlos Felipe López fue enfático al exigir una acción inmediata de la Superintendencia de Salud y de la ADRES. La pregunta que queda en el aire es: ¿Hasta cuándo podrá el presupuesto departamental tapar los huecos que deja la falta de giros nacionales?
Consecuencias de la inacción
Si la tendencia persiste, el Valle del Cauca podría enfrentar un colapso sistémico antes de finalizar el semestre. La pérdida de empleos en el sector salud no es solo una cifra económica, es la pérdida de capacidad instalada que tardará años en recuperarse.
La salud no puede ser un campo de batalla ideológico
Lo que hoy ocurre en el Valle del Cauca es el síntoma de un mal mayor: el uso de la salud como un tablero de ajedrez político. Mientras desde el centro del país se discuten teorías y reformas, en los municipios vallecaucanos el paciente no espera; el dolor no tiene calendario legislativo. El respaldo de la Asamblea a la gestión departamental es un mensaje de unidad regional, pero también una alerta roja. No es aceptable que el derecho a la vida dependa de la voluntad de un giro bancario que no llega. La nación debe responder, no por cortesía política, sino por mandato constitucional. El silencio de la ADRES y el Ministerio es, en este contexto, una negligencia que cobra vidas.
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