Impuesto predial en Buga: El abuso oculto y "sin mente"

La administración municipal duplicó las tarifas basándose en un cuestionable censo de la Cámara de Comercio, ignorando la ley y violando el debido proceso de cientos de familias.

Buga- marzo 16 del 2026. Parece una profunda ironía, de esas que abundan en la administración pública colombiana, pero es una realidad fríamente calculada. Mientras en Buga la Comisión Tercera del Concejo Municipal alza la voz para reclamar, con justa razón, por los altos costos facturados por la empresa de servicios públicos Veolia, esos mismos cabildantes guardan un silencio sepulcral frente a un golpe mucho más directo y letal al bolsillo de sus electores: el incremento desproporcionado del impuesto predial.

Recientemente, la administración municipal decidió duplicar las tarifas, pasando del 5% al 10%. Este aumento, que en la práctica representa un alza superior al 100% para los contribuyentes, se ha ejecutado saltándose las leyes y vulnerando el bolsillo de cientos de familias. Para entender la magnitud de este despropósito, es necesario escuchar a quienes han investigado el entramado jurídico detrás del cobro, como el abogado Harold Mena, quien ha encendido las alarmas sobre lo que califica como una clara violación al debido proceso.

La cortina de humo en el Concejo Municipal

En la política local, los silencios suelen ser más elocuentes que los discursos. El desvío de atención hacia los servicios públicos ha servido como una cortina de humo perfecta para que el alza del predial pase casi inadvertida en los debates de control político.

El abogado Mena lo resume con una agudeza innegable: “Parece raro que los concejales se preocupen por lo de Veolia, pero dejen a un lado el incremento tan exagerado del impuesto predial en Buga”. Y es que, mientras los focos apuntan a una empresa externa, la verdadera asfixia financiera se gesta desde las propias oficinas de la Alcaldía.

El censo de la discordia: Cobrar impuestos "sin mente"

Para justificar este zarpazo tributario, la respuesta oficial de la administración es que la alcaldesa de Buga contrató un censo empresarial con la Cámara de Comercio de la ciudad. Sin embargo, la metodología aplicada por los contratistas careció de todo rigor técnico y, sobre todo, de empatía social.

Mena describe el modus operandi de este censo, revelando una práctica absurda que castiga la economía de subsistencia: “La Cámara de Comercio de Buga pasaba y miraba si en tu casa había una venta de arepas y allí te incluían como centro empresarial y por eso te subieron la tarifa del 5 al 10% sin mente”.

El olvido conveniente del Estatuto Tributario

Lo que la administración y los encuestadores decidieron omitir de forma flagrante es la propia norma local. Se les olvidó que el Estatuto Tributario Municipal consagra una regla clara: cuando en una vivienda la actividad económica ocupa un área inferior al 40% del total del predio, la propiedad no pierde su clasificación de residencia. Castigar a una familia que busca sobrevivir vendiendo alimentos en la sala de su casa, cobrándole impuestos como si fuera una gran corporación, riñe directamente con la ley.

Violación del debido proceso: Actuaciones sin validez

En el derecho público, la forma es el fondo. Para que un incremento de esta naturaleza tenga piso legal, el Estado debe cumplir unos pasos ineludibles que, en el caso de Buga, brillaron por su ausencia.

Mena es contundente al señalar las irregularidades del procedimiento: “Faltó una visita al sitio, faltó la notificación del acto administrativo que subía el impuesto, todo el requerimiento ordinario y el requerimiento especial”. Esta cadena de omisiones sistemáticas no es un simple error de papeleo; según el jurista, “eso genera sin valores la actuación”. Es decir, el cobro carece de validez legal.

La ruta ciudadana: Derecho de petición y tutela

Frente a la arbitrariedad, la ciudadanía no está indefensa. El abogado traza una hoja de ruta clara para quienes han sido víctimas de este atropello. El primer paso no es la resignación, sino la exigencia de explicaciones formales.

“Previo a esto, hazle un derecho de petición al señor secretario de Hacienda de Buga y le pregunte por qué te incrementó el impuesto predial o por qué te pasó del 5% la tarifa al 10% incrementándole más del 100%”, aconseja Mena.

Si la administración municipal no responde o insiste en el cobro irregular, el camino constitucional es claro. “Te violaron el debido proceso administrativo tributario. Cada que te hablen de la violación de un debido proceso, al frente la respuesta está: tutela para que vuelvan las cosas a su estado normal”, afirma el abogado, añadiendo un mensaje de respaldo a la comunidad: “Allí tienes para que reclames tus derechos y si te toca impetrar una tutela lo hacemos porque usted tiene derecho”.

 La dignidad y la ley no se negocian

La crisis del impuesto predial en Buga no es solo un debate sobre cifras y porcentajes; es el reflejo de una administración que, en su voracidad recaudadora, ha olvidado que gobierna para seres humanos. Gravar la supervivencia, ignorar las propias normas municipales y pisotear el debido proceso no es una muestra de gestión eficiente, sino de un preocupante abuso de poder institucional.

Como sociedad civil, el momento exige pasar de la indignación silenciosa a la acción fundamentada. No podemos permitir que el peso de decisiones arbitrarias aplaste a las familias trabajadoras. La ley nos otorga herramientas —el derecho de petición, la acción de tutela— y es nuestro deber moral y cívico utilizarlas. Reclamar lo justo no es un acto de rebeldía, es el ejercicio puro de la ciudadanía. Exijamos respeto por nuestros derechos, porque la dignidad de nuestra gente y la legalidad de las instituciones son, y deben ser siempre, innegociables.