La negativa del Gobierno a asumir una deuda de 50 billones de pesos y la caída de la reforma marcan el inicio de una transición incierta que pone en riesgo la atención de los colombianos.
Redacción: RMC Noticias
Santiago de Cali, marzo 17 del 2026. En un Consejo de Ministros televisado este lunes, el presidente Gustavo Petro cruzó el Rubicón del sistema sanitario colombiano. Ante el naufragio definitivo de su Reforma a la Salud en el Congreso, el mandatario ordenó a los ministerios de Hacienda y Salud la liquidación inmediata de todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en quiebra. La directriz, enmarcada en una profunda crisis institucional y financiera, cierra de tajo la puerta a un rescate estatal frente a una deuda de las EPS que hoy asciende a los 50 billones de pesos. La pregunta que hoy recorre los pasillos de los hospitales y los hogares de los pacientes es una sola: ¿qué pasará con la vida de los colombianos mientras el sistema salta al vacío?
El abismo financiero: la deuda de las EPS y el choque institucional
Para el presidente, la aritmética es clara y la decisión no tiene marcha atrás. Salvar a las entidades pagando la billonaria deuda a los dueños privados representaría, en sus propias palabras, un "suicidio para Colombia" y un golpe irreparable a la estabilidad fiscal del país.
La génesis de esta drástica orden no se limita únicamente al fracaso legislativo en el Congreso. El jefe de Estado señaló directamente a una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió provisionalmente el Decreto 0182 de 2026. Dicho decreto buscaba el reordenamiento territorial y el traslado masivo de usuarios para acercarlos a sus sedes regionales, una medida que, según el Gobierno, inyectaría eficiencia al sistema y permitiría implementar un modelo preventivo.
Al tumbar la normativa, Petro asegura que el tribunal cercenó la posibilidad de salvar a las EPS —tanto intervenidas como no intervenidas—, profundizando su quiebra en lo que calificó como "una política de atranque y atranque". En un tono vehemente, el presidente eximió a su administración de la crisis financiera: "No las quebramos nosotros, les dimos más dinero que nunca". Fiel a su narrativa de confrontación, lanzó una dura acusación contra los dueños privados de las entidades, afirmando que "se robaron el dinero de la salud desde hace décadas" y cuestionando la falta de investigación por parte de la Fiscalía.
La alerta desde las regiones: pacientes en vilo sin plan de contingencia
Mientras en Bogotá se toman decisiones de alto calibre político, en las regiones el panorama se respira con angustia. Las autoridades del Valle del Cauca y del Cauca han levantado una bandera roja ante el evidente vacío de un plan de contingencia que garantice la continuidad de los tratamientos médicos.
María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, trazó un escenario desolador. "Si ya tenemos muertos por desatención, imagínese lo que ocurriría en un trance entre un sistema y otro que realmente no conocemos", advirtió la funcionaria. El temor no es infundado: en la región hay un riesgo latente de incremento en la mortalidad, pues hoy mismo hay enfermos sin atención adecuada. La incertidumbre es total frente a un tránsito institucional del cual no existen estudios ni garantías claras.
El coletazo financiero en esta región es igual de alarmante. Las EPS acumulan una cartera de 6 billones de pesos con la red pública y privada del Valle del Cauca, lo que pone en jaque la sostenibilidad de clínicas y hospitales. Entidades como la Nueva EPS presentan las mayores dificultades en la zona, convirtiéndose en el epicentro de la zozobra para millones de afiliados que podrían quedar a la deriva. Si se liquidan las EPS, la deuda quedaría en el aire, afectando irreversiblemente a los prestadores de servicio y, en consecuencia, a los pacientes.
El pulso político hacia el 20 de julio de 2026
Lejos de retroceder, la estrategia del Gobierno parece ser la de barajar y volver a repartir, pero con los tiempos marcados por el calendario electoral y legislativo. El presidente anunció que la Reforma a la Salud, junto con la hundida Reforma Tributaria, serán presentadas nuevamente como proyectos de ley el 20 de julio de 2026, cuando inicie sesiones ordinarias el nuevo Congreso de la República. "Otro Congreso, otro Gobierno, otra oportunidad; depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas", sentenció Petro.
La liquidación de las EPS en Colombia ha dejado de ser un debate meramente técnico o político para convertirse en una cuestión de supervivencia. Si bien es innegable que el modelo de salud arrastraba vicios estructurales y deudas históricas que requerían cirugía mayor, desmantelar el andamiaje actual sin un puente sólido hacia el futuro es jugar a la ruleta rusa con la vida de los ciudadanos. No podemos permitir que el pulso de poderes entre tribunales, Congreso y Ejecutivo tenga como daño colateral la dispensación de un medicamento vital o la cama de una unidad de cuidados intensivos.
Como sociedad, debemos exigir que la transición no se gestione desde la improvisación ni desde la revancha ideológica. Las cifras de las deudas son abrumadoras, pero detrás de cada peso congelado en el sistema hay un paciente que no puede esperar hasta el 20 de julio de 2026. Es momento de que el Gobierno nacional pase de la retórica de la liquidación a la materialización urgente de un plan de contingencia infalible. La verdadera defensa de lo público y del derecho fundamental a la salud se demuestra, hoy más que nunca, garantizando que nadie pierda la vida en la sala de espera de una burocracia en reestructuración.
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