Por: Paulina Arango M
La pugna entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella de cara a la posesión presidencial abre una grieta profunda sobre la soberanía nacional y el regreso de fantasmas que creíamos superados.
Gobernar un país herido y polarizado con un juramento de fidelidad a una bandera extranjera en el bolsillo es, cuando menos, un insulto a nuestra dignidad nacional. A pocas semanas de que se consuma el relevo en el poder, Colombia no asiste a una transición institucional, sino a un pulso descarnado por la legitimidad que nos deja un sabor amargo en la boca. Ver cómo el presidente electo le da un portazo en la cara al diálogo y convierte las reuniones técnicas en una suerte de tribunal inquisitorial nos demuestra que los tiempos de la concertación han muerto antes de empezar. La soberanía de este país no puede ser un asunto de conveniencia ni un trofeo que se comparta con intereses foráneos.
La noticia hoy no es el simple cambio de mando, sino la batalla judicial y ética que el senador Iván Cepeda ha llevado ante el Consejo de Estado para frenar la posesión de Abelardo de la Espriella. La oposición, respaldada por un caudal inmenso de votos, exige claridades que no son caprichos: la renuncia formal a la ciudadanía estadounidense, la transparencia sobre nexos con agencias de inteligencia extranjeras y el fin de la persecución política contra el mandatario saliente. Este no es un trámite burocrático ordinario; es una crisis política de gran envergadura en pleno julio de 2026, donde el hermetismo del mandatario electo solo alimenta las sospechas más oscuras sobre a quién le responderá realmente cuando se ciña la banda.
El verdadero peligro de este nuevo ciclo no radica únicamente en los tecnicismos legales de una doble nacionalidad, sino en el trasfondo ideológico de una propuesta que busca delegar la seguridad en manos privadas. Detrás del discurso de mano dura se esconde una alarmante agenda de bloques de búsqueda urbanos compuestos por veteranos ajenos al control estatal y megacárceles privatizadas. Romper el monopolio estatal de las armas no es una estrategia de seguridad innovadora; es reactivar, con un maquillaje moderno y empresarial, la nefasta fórmula de las Autodefensas Unidas de Colombia que ya desangró a nuestras regiones. Reemplazar la justicia institucional por la fuerza privada es el camino más rápido hacia el abismo.
Para el ciudadano de a pie, el que toma el bus con el corazón en la boca o el que apenas estira el sueldo para garantizar el mercado, este choque de trenes en las altas esferas se traduce en una incertidumbre asfixiante. La criminalización anunciada de la protesta social y el regreso de un esquema de represión sin filtros de diálogo significan que la calle volverá a ser un escenario de guerra y no un espacio de participación democrática. Cuando desde el poder central se empieza a tratar a la oposición y a los movimientos sociales como si fueran bandas criminales, el colombiano común es el que termina pagando los platos rotos, atrapado entre la violencia y el desamparo.
La democracia no resiste el peso de instituciones convertidas en cáscaras vacías ni liderazgos que confunden la autoridad con la revancha. Si permitimos que la ética pública se sacrifique en el altar de una legalidad formal a medias, el costo social e institucional que pagaremos será impagable. Lo mejor será que el nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, deje a un lado el orgullo, sea más humilde y modere un poco su discurso para no generar temor en un sector que no votó por él y se resiste, y que ve a un dictador bajo el disfraz de democracia. Y si no es así, al final nos queda una pregunta incómoda que quema y que ningún discurso de posesión podrá esquivar: ¿estamos presenciando el nacimiento de un gobierno genuinamente soberano o el retorno ciego a nuestras épocas más oscuras bajo el amparo de una lealtad extranjera?
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