OPINIÓN | El terremoto que alumbra la miseria: la tragedia como botín político

Mientras Colombia entierra a sus muertos y cuenta los daños, la respuesta al desastre se convierte en una disputa por el dinero, la soberanía y los relatos.

Por: Pluma critica 

Santiago de Cali 20 de agosto 2026. Inmóvil, anclado en Buenaventura y sin una sola gota de combustible en sus tanques ni personal a bordo. Esa fue la postal del buque hospital Benkos Biohó, una mole de más de $82.000 millones concebida para salvar vidas en el Pacífico que terminó convertida en el símbolo perfecto de nuestra inoperancia estatal. El 10 de agosto, cuando la tierra se sacudió con una furia de magnitud 7,4, los sobrevivientes bajo los escombros no necesitaban discursos ni peleas por redes sociales; necesitaban que alguien llegara a rescatarlos. Pero en Colombia, hasta la tragedia humana tiene que hacer fila detrás de la mezquindad de la clase política.

Apenas tres días llevaba posesionado el presidente Abelardo de la Espriella cuando la naturaleza le puso enfrente la primera prueba de fuego. La catástrofe que sacudió a más de medio país dejó rápidamente un reguero de víctimas que los reportes iniciales cifraban en cientos de fallecidos y cerca de 143 desaparecidos en los primeros balances consolidados por medios como Reuters. La respuesta natural debió ser un frente unido de la nación, pero la oposición —encabezada por Gustavo Petro e Iván Cepeda— prefirió convertir la emergencia en una trinchera. Denunciaron abandono de capacidades previas, sembraron dudas sobre la presencia de brigadas de rescate israelíes sugeridas como supuestas operaciones de inteligencia, y encendieron un debate que, si bien plantea preguntas válidas sobre soberanía y control de tropas según la Secretaría del Senado, se lanzó a la ligera como acusación política antes que como un hecho verificado con pruebas.

El fondo de esta discusión no es si la ayuda exterior viene con intenciones ocultas o si la administración saliente dejó las arcas vacías; el problema real es que la política colombiana se acostumbró a administrar el desastre para ver qué saca de él. Nos hablan de una factura de reconstrucción que ya roza los $30 billones —casi el 1,5 % de nuestro PIB— y de decretos de emergencia económica para mover recursos. Pero el ciudadano de a pie ya se sabe de memoria esta película. Cada vez que hay una emergencia, los controles se flexibilizan, la contratación directa se dispara y la chequera pública termina convertida en una subasta donde los contratistas de siempre celebran entre las ruinas.

¿Quién paga las consecuencias de este pulso entre el gobierno entrante y la oposición saliente? El habitante de San Juan del Palmar en el Chocó, el campesino del Valle o las familias que perdieron su techo en las zonas vulnerables de Risaralda y Caldas. Para el político que pontifica en Bogotá con la camioneta blindada encendida, $30 billones son una cifra abstracta para discutir impuestos o endeudamiento fiscal; para la madre que duerme a la intemperie esperando medicina para su hijo, la inoperancia del Estado es una condena a muerte. No podemos permitir que la reconstrucción del Pacífico vuelva a ser la misma farsa de siempre, donde los proyectos se prometen en televisión y terminan convertidos en elefantes blancos sin combustible.

Si esta tragedia no sirve para que el Estado entienda que la vida de la gente está por encima de sus cálculos electorales, entonces la grieta más peligrosa no la abrió el terremoto, sino nuestra propia degradación institutional. La reconstrucción requiere transparencia absoluta, cuentas claras sobre cada centavo gastado y respuestas concretas sobre qué misiones internacionales pisaron el suelo patrio. Cabe preguntarse: ¿vamos a reconstruir un país más equitativo sobre las ruinas o nos vamos a conformar con que los de siempre se repartan el pastel de los escombros mientras la gente del Pacífico sigue esperando a que el barco de la dignidad finalmente zarpe?