La propuesta de Juan Carlos Pinzón reabre el debate sobre seguridad vial y sostenibilidad del sistema de salud
Por: Redacción RMC | 22 de febrero de 2026
El exministro y excandidato presidencial Juan Carlos Pinzón planteó una propuesta que sacude uno de los pilares del sistema de protección vial en Colombia: eliminar la obligatoriedad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para motocicletas. La iniciativa, presentada como una respuesta a la evasión masiva y al presunto colapso del modelo actual, apunta a aliviar la carga económica de más de 12 millones de motociclistas.
El anuncio reabre una discusión de fondo: ¿se trata de una reforma estructural que corrige fallas evidentes o de una apuesta que podría agravar la ya crítica siniestralidad vial? En un país donde la motocicleta es herramienta de trabajo y sustento familiar —especialmente en regiones apartadas— la pregunta no es menor. Está en juego el equilibrio entre sostenibilidad financiera, cobertura médica y cultura de legalidad.
Un sistema en crisis: cifras que alimentan el debate
Colombia supera los 12 millones de motocicletas registradas, según datos oficiales del parque automotor. Sin embargo, distintas estimaciones del sector asegurador y de autoridades de tránsito advierten que cerca de la mitad circulan sin SOAT vigente.
El argumento de Pinzón parte de ese diagnóstico: un sistema obligatorio que no logra cobertura universal y que, en la práctica, termina castigando a quienes sí cumplen.
Más del 50 % de evasión: síntoma de una falla estructural
La evasión masiva no solo revela dificultades económicas. También expone problemas de control, intermediación y percepción ciudadana sobre el costo-beneficio del seguro.
A esto se suma un dato alarmante: alrededor del 60 % de las víctimas fatales en siniestros viales en Colombia son motociclistas, en su mayoría jóvenes entre 18 y 40 años. El peso de la tragedia recae sobre la población económicamente activa.
“El sistema no está funcionando como debería. Hay que replantearlo de raíz”, ha sostenido Pinzón en distintos escenarios públicos, insistiendo en que la salud debe garantizarse sin depender de un esquema que considera ineficiente.
¿En qué consiste la propuesta de eliminar el SOAT para motos?
La iniciativa no se limita a suprimir el cobro. Según lo expuesto, plantea rediseñar la arquitectura financiera de la atención a víctimas de accidentes de tránsito.
Atención médica garantizada sin intermediarios
La tesis central sostiene que la atención por siniestros viales está respaldada por la legislación colombiana y que el Estado puede asegurarla mediante un sistema de giro directo a clínicas y hospitales, reduciendo intermediación y costos administrativos.
El planteamiento sugiere una integración tecnológica entre bases de datos oficiales —como el RUNT— y prestadores de salud, con trazabilidad en tiempo real de los recursos. La promesa es clara: ningún herido sin atención, ningún hospital sin pago.
El desafío, sin embargo, radica en la financiación. El SOAT no solo cubre gastos médicos; también compensa incapacidad permanente y muerte. Su eliminación exigiría una fuente alternativa robusta y transparente.
Seguro voluntario y telemetría: incentivos en lugar de sanciones
El modelo propuesto contempla la creación de seguros voluntarios con tarifas diferenciales basadas en el perfil de riesgo. La tecnología —a través de telemetría voluntaria— permitiría premiar conductas responsables con primas más bajas.
Es un giro conceptual: pasar de la obligatoriedad generalizada al incentivo personalizado. Pero en un país donde la cultura de aseguramiento es frágil, el tránsito hacia un esquema voluntario podría generar vacíos de cobertura si no se diseña con precisión quirúrgica.
Consecuencias y riesgos de una reforma estructural
Eliminar la obligatoriedad del SOAT para motocicletas tendría implicaciones profundas en tres frentes: financiero, sanitario y cultural.
En lo financiero, el fondo que actualmente cubre atenciones por accidentes se alimenta en buena parte de las primas del seguro obligatorio. Suprimirlo sin una transición ordenada podría generar presiones fiscales adicionales.
En lo sanitario, los hospitales —especialmente públicos— dependen de esos recursos para cubrir urgencias derivadas de siniestros viales. Cualquier retraso en pagos impactaría directamente su liquidez.
En lo cultural, el mensaje simbólico importa. La obligatoriedad no solo recauda; también comunica responsabilidad compartida. Sustituirla por voluntariedad exige fortalecer controles, formación vial y vigilancia tecnológica.
Entre la dignidad económica y la responsabilidad colectiva
El debate no puede reducirse a un pulso ideológico. La motocicleta es, para millones de colombianos, la línea que separa el ingreso diario del desempleo. El costo del SOAT pesa en hogares donde cada peso cuenta.
Pero también es cierto que la siniestralidad vial es una de las principales causas de muerte en jóvenes. Relajar los mecanismos de aseguramiento sin un plan sólido podría traducirse en mayor vulnerabilidad para quienes ya están expuestos.
La propuesta de Juan Carlos Pinzón interpela un sistema que muestra fisuras evidentes. Sin embargo, la solución no puede ser un salto al vacío. Reformar es necesario; desmontar sin garantías, riesgoso.
Como sociedad, debemos decidir si el camino es modernizar el seguro obligatorio, reducir sus distorsiones y costos, o reemplazarlo por un modelo cuya viabilidad aún debe demostrarse con cifras y sustentos técnicos verificables.
La movilidad es un derecho. La vida, una prioridad. Entre ambas debe construirse una política pública que no sacrifique la protección en nombre del alivio inmediato, ni ignore la realidad económica de quienes sostienen el país sobre dos ruedas.
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