En el marco de la Cumbre de Gobernadores en Villa de Leyva, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lanzó un enfático llamado al Gobierno Nacional, exigiendo mayor atención y recursos para el proceso de sustitución de cultivos ilícitos que afecta a diversas regiones del país. Con sus palabras "Que nos paren bolas porque no nos paran bolas y es muy difícil articular con el Gobierno Nacional", Toro denunció la escasa colaboración de la administración central en un proceso que, según ella, requiere urgentes apoyos económicos y técnicos para lograr resultados efectivos.
El Valle del Cauca ha dado un paso significativo en el proceso de sustitución de cultivos con la implementación de un proyecto en el municipio de Jamundí, donde ya se han comenzado a trabajar 200 hectáreas con recursos propios. Sin embargo, según la gobernadora, la falta de cofinanciación por parte del Gobierno Nacional limita enormemente el potencial de expansión de estas iniciativas. Toro subrayó que si se contara con más recursos, podría duplicarse el impacto de la estrategia, alcanzando hasta 400 o 500 hectáreas de cultivos sostenibles.
La solicitud de Toro es clara: la articulación entre los gobiernos regionales y el nacional es esencial para poder ofrecer alternativas productivas viables a los campesinos que hoy dependen de los cultivos ilícitos. "Nosotros vamos a hacer 200 hectáreas, pero ¿por qué no nos ayudan a hacer más? Necesitamos apoyo para transformar estas tierras y ofrecer mejores condiciones de vida a los campesinos", indicó la mandataria, destacando la urgencia de una respuesta efectiva del gobierno central.
Una de las principales críticas de Toro radica en que el actual proceso de sustitución está desarticulado, no solo en términos de recursos, sino también en la forma en que se implementan los programas de reforma agraria. La gobernadora mencionó que, en el Valle del Cauca, se están comprando tierras para los pueblos indígenas, pero sin generar productividad, lo que convierte las iniciativas en un mero acto administrativo sin los resultados esperados. "No se puede hacer reforma agraria solo con tierras, se necesita productividad", señaló, haciendo énfasis en la necesidad de que las políticas públicas sean más efectivas y realistas.
Además de la sustitución de cultivos, Toro subrayó que el gobierno nacional debe centrarse en fortalecer la productividad de las regiones rurales, a través de programas como el Plan Frutícola, que busca ayudar a los municipios dedicados a la producción de frutas, y Valle Agro, que impulsa la productividad de los campesinos mediante la entrega de insumos gratuitos. Estos programas, aunque significativos, requieren un impulso más fuerte para ser realmente transformadores. La falta de una implementación eficiente y la ausencia de recursos para estos proyectos agravan la situación de los agricultores, quienes se ven atrapados entre el narcotráfico y la pobreza.
La postura de la gobernadora se ve reflejada en una crítica constructiva hacia el modelo de sustitución propuesto por el Gobierno Nacional, el cual aún enfrenta serias limitaciones. El hecho de que las autoridades locales, como el Valle del Cauca, tengan que recurrir a recursos propios para llevar a cabo un proyecto de sustitución refleja una clara desconexión con las necesidades reales del campo colombiano. Si bien la política de sustitución es un paso positivo, no puede ser una carga exclusiva de las regiones afectadas.
La necesidad de fortalecer la articulación entre el gobierno central y las autoridades locales es esencial para que los programas de sustitución de cultivos y las reformas agrarias sean exitosos. El Valle del Cauca ha mostrado que con el apoyo adecuado, los campesinos pueden dejar atrás los cultivos ilícitos y dar paso a alternativas productivas que mejoren sus condiciones de vida. Sin embargo, estos avances no pueden continuar si no existe un compromiso real por parte del Gobierno Nacional.
El llamado de Dilian Francisca Toro es una invitación a la reflexión sobre la responsabilidad compartida en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Si el gobierno nacional no se compromete de manera activa y con los recursos necesarios, los esfuerzos locales serán limitados y no se alcanzará el verdadero cambio que necesita el campo colombiano. Es imperativo que se reconozca la importancia de una colaboración efectiva entre los distintos niveles de gobierno, para transformar las realidades de los campesinos y avanzar hacia un país libre de cultivos ilícitos, pero con un futuro lleno de oportunidades productivas y sostenibles para todos.
Redacción RMC Noticias
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