En su intento por impulsar reformas laborales que garanticen derechos fundamentales a trabajadores de sectores históricamente desfavorecidos, como el trabajo en plataformas digitales o la ampliación de la licencia de paternidad, el presidente Petro ha topado con un muro de resistencia en el Senado. Desde su propuesta inicial, que contemplaba una reorganización integral del mercado laboral, las críticas han sido contundentes. Los sectores empresariales y muchos actores políticos han visto en la reforma no solo una amenaza a la estabilidad económica, sino una posible alteración de la competitividad del país en un mercado globalizado. A su vez, la reforma ha generado divisiones dentro de los propios sectores progresistas, algunos de los cuales consideran que el enfoque del gobierno no es el adecuado para la realidad laboral del país.
El camino hacia la consulta popular, anunciado por el presidente Petro como respuesta al rechazo parlamentario, no es solo una estrategia política, sino una decisión que pone a prueba las bases mismas de la democracia representativa en Colombia. La consulta busca que sean los ciudadanos quienes, a través de un mecanismo directo, decidan sobre las reformas laborales y de salud. Esta medida refleja la frustración del gobierno por la falta de apoyos en un Congreso que se ha mostrado escéptico, o incluso abiertamente contrario, a algunas de las reformas clave del mandatario. Sin embargo, la consulta popular no es un mecanismo exento de riesgos. La polarización política y social que atraviesa Colombia en la actualidad podría ser amplificada, con los debates que rodean la reforma laboral y de salud convirtiéndose en una nueva arena de confrontación entre sectores de la sociedad profundamente divididos.
La cuestión fundamental que subyace en este proceso es si una consulta popular puede realmente ofrecer una solución a los complejos problemas estructurales que la reforma laboral pretende abordar. Los defensores del gobierno argumentan que la consulta es una forma de devolverle el poder al pueblo, permitiendo que la ciudadanía participe directamente en las decisiones que afectan su vida cotidiana. Este enfoque de democracia directa, sin embargo, ignora una de las críticas más relevantes: la idea de que la democracia representativa, al ser el proceso de toma de decisiones a través de representantes elegidos, debería ser el mecanismo primario en un sistema parlamentario. Si se socavan los procesos legislativos mediante consultas populares, el riesgo es que se genere un ciclo de inestabilidad política, donde cada gobierno recurra a mecanismos de consulta directa para sortear la falta de consensos en el Congreso, debilitando aún más las instituciones.
Por otro lado, la consulta popular también podría exacerbar las tensiones sociales y políticas que ya están presentes en la sociedad colombiana. La reforma laboral de Petro, al proponer cambios profundos en la relación entre empleadores y trabajadores, tiene la capacidad de generar un debate que no solo se limite a la política, sino que se infiltre en todos los sectores de la sociedad, desde los empresarios hasta los trabajadores informales. En ese sentido, el referéndum no será solo una cuestión técnica sobre las reformas en sí, sino un plebiscito sobre el rumbo del país en términos de justicia social, equidad económica y modelo de desarrollo. El presidente Petro se enfrenta, entonces, no solo a una batalla legislativa, sino a un desafío aún mayor: el de construir una narrativa colectiva que logre unir a un país profundamente fracturado.
Además, el planteamiento de Petro podría ser percibido como una forma de eludir el debate democrático en el Congreso, una acusación que podría aumentar la desconfianza en las instituciones y profundizar el escepticismo ciudadano respecto a la eficacia de los canales tradicionales de participación política. El riesgo es que la consulta no se perciba como una herramienta para la inclusión democrática, sino como un instrumento de poder político en manos del Ejecutivo, lo que incrementaría la polarización existente en la sociedad colombiana. Es importante señalar que este tipo de medidas también corren el riesgo de caer en el juego de los intereses particulares, ya que tanto la consulta como las reformas pueden ser fácilmente manipuladas por los actores políticos que buscan hacer valer su propio proyecto de país.
En cuanto al impacto en la sociedad colombiana, la consulta popular podría ser vista como un ejercicio legítimo de participación directa, pero no es menos cierto que podría abrir la puerta a la manipulación de las emociones y de las ideologías, especialmente en un contexto en el que los grupos de poder opositores al gobierno han construido narrativas alarmistas sobre el impacto negativo de las reformas. Es probable que las campañas por el “sí” y el “no” se conviertan en un campo de batalla mediático, donde los temas sociales sean reducidos a eslóganes que no ayuden a una comprensión profunda de las reformas y sus implicaciones.
En última instancia, lo que está en juego es mucho más que una reforma laboral o de salud. Lo que está en juego es el modelo político y social de Colombia en un momento crucial de su historia reciente. La polarización, lejos de ser un fenómeno superficial, refleja la incapacidad de las clases políticas de dialogar y de llegar a consensos que beneficien al país en su conjunto. En lugar de seguir sumando más divisiones, es urgente que Colombia construya un nuevo pacto social que integre a todas las voces, que permita reformas progresistas, pero que, al mismo tiempo, respete las instituciones y garantice una participación democrática genuina. La consulta popular podría ser un paso hacia la democratización del país, pero también podría ser el detonante de un mayor caos político y social si no se maneja con responsabilidad y perspectiva.
Por : Paulina Arango M
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