La reciente aprobación de la reforma a la salud en Colombia por parte de la Cámara de Representantes ha desatado un intenso debate sobre el futuro del sistema de salud en el país. Impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, la reforma busca transformar el sistema actual, caracterizado por la intervención de intermediarios privados como las EPS (Empresas Promotoras de Salud), que el gobierno acusa de limitar el acceso equitativo a los servicios de salud. A medida que el proyecto avanza hacia el Senado, la resistencia política se intensifica, especialmente entre los sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes ya lograron bloquear la reforma en 2024. Este contexto deja en el aire la pregunta: ¿será capaz la reforma de superar nuevamente los obstáculos políticos y concretar un cambio real en el sistema de salud?
Uno de los puntos centrales de la reforma es la eliminación del modelo de intermediarios privados, buscando garantizar la universalidad del acceso a la salud. Según datos del Ministerio de Salud, más de 20 millones de colombianos carecen de acceso adecuado a servicios médicos, lo que pone en evidencia la inequidad en el actual sistema. La reforma pretende corregir esta situación simplificando los trámites administrativos y priorizando la atención primaria, con la intención de ofrecer a los ciudadanos más vulnerables atención médica oportuna y sin complicaciones burocráticas.
La propuesta también pone énfasis en la redistribución de los recursos destinados al sistema de salud, con el objetivo de garantizar que las poblaciones más necesitadas reciban atención prioritaria. A través de la creación de nuevas funciones para la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), la reforma plantea un modelo en el que el Estado tenga un rol más activo en la gestión de los recursos, reduciendo la influencia de las EPS privadas. Este cambio busca hacer frente a una crítica frecuente del actual sistema: la concentración de poder y recursos en manos de entidades privadas que no siempre priorizan el bienestar de los más pobres.
Sin embargo, la centralización del sistema de salud y la eliminación de las EPS han generado una fuerte oposición en diversos sectores políticos. El principal partido opositor, Centro Democrático, liderado por Uribe Vélez, ha reiterado su rechazo a la reforma, argumentando que esta podría resultar en un sistema más burocrático y menos eficiente. Los críticos advierten que la desaparición de las EPS podría generar caos en la atención, especialmente en las zonas rurales donde el sistema público de salud ha sido históricamente débil. A esta crítica se suma el temor de que la concentración del poder en manos del Estado podría dar lugar a mayores riesgos de corrupción y a una mala gestión de los recursos destinados a la salud.
Carlos Motoa, senador del partido Centro Democrático, ha destacado que, nuevamente, el Senado será el escenario donde se definirá el destino de esta reforma. Según Motoa, los opositores seguirán defendiendo su postura de frenar una reforma que, a su juicio, podría poner en riesgo la eficiencia del sistema y perjudicar a los colombianos más vulnerables. Sin embargo, lo que resulta aún más inquietante es que, hasta el momento, los opositores no han presentado una reforma alternativa que ofrezca una solución clara a los problemas del sistema de salud colombiano. Este vacío en las propuestas de la oposición deja un terreno fértil para que el gobierno de Petro se mantenga firme en su defensa de la reforma.
A pesar de las constantes críticas al proyecto impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. Lo más preocupante en el contexto actual de la reforma a la salud es la falta de una propuesta concreta por parte de la oposición. El partido Centro Democrático presentó en el 13 de febrero del 2023 una propuesta a través de la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo respaldo dentro de su propio partido, lo que evidencia aún más la falta de unidad y claridad en torno a una solución efectiva para el sistema de salud del país. Así, la oposición no ha presentado una alternativa clara que aborde los problemas estructurales del sistema de salud colombiano. Esta ausencia de propuestas sustantivas genera incertidumbre, ya que, en lugar de contribuir a un debate constructivo que busque mejorar la calidad y el acceso a los servicios médicos, se limita a bloquear las reformas sin ofrecer soluciones viables. Este vacío en las alternativas plantea un escenario en el que la política se antepone a las necesidades urgentes de millones de colombianos que aún carecen de acceso a atención médica de calidad.
Como sociedad, el debate sobre la reforma de la salud no puede reducirse a una simple confrontación entre el gobierno y la oposición, sino que debe centrarse en una reflexión profunda sobre el tipo de país que se desea construir. La reforma presenta riesgos y desafíos, pero también la oportunidad de transformar un sistema que ha fallado a la hora de garantizar el acceso a los colombianos a la salud. En última instancia, lo que está en juego no es solo un sistema de salud, sino el derecho fundamental a una vida digna para millones de colombianos que, aún hoy, carecen de acceso a atención médica adecuada.
Este es el momento de reflexionar sobre las decisiones que se tomarán en los próximos meses y de pensar en el bienestar colectivo más allá de las diferencias políticas. La reforma a la salud representa un desafío para todos los actores involucrados, pero también una oportunidad histórica para rediseñar un sistema que garantice el derecho a la salud para todos los colombianos, sin importar su situación económica o geográfica. Es hora de pensar en la equidad, en la justicia social y en un futuro donde la salud no sea un lujo, sino un derecho accesible para todos.
Por : Paulina Arango M
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