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Ricardo Mosquera, presidente de Asocomunal Buenaventura, se unió al clamor de la Gobernadora, destacando que el Pacífico colombiano, especialmente Buenaventura, necesita una respuesta contundente por parte del Gobierno nacional. Según Mosquera, la situación se ha deteriorado tanto que, si no se asume una postura firme, la crisis continuará afectando a la comunidad. “Es imperativo que el Gobierno nacional asuma la responsabilidad que le corresponde. No podemos esperar más”, expresó.
Por su parte, Jhony Castaño, vicepresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, alertó sobre el impacto económico de la violencia en la ciudad. Destacó que más de 250 negocios han cerrado en lo que va del año debido a las amenazas de grupos criminales, lo que ha generado una mayor desesperación en la población. Castaño pidió que el Gobierno nacional adopte políticas sociales efectivas, pues considera que las acciones militares, aunque necesarias, no abordan las causas estructurales del conflicto. "Es fundamental que el Gobierno nos visite y trabaje con seriedad en políticas sociales que apunten a la raíz del problema", manifestó.
Además de las intervenciones sociales y de seguridad, la Gobernadora de Valle del Cauca también firmó una carta dirigida a la Fiscal General de la Nación, con el fin de solicitar el envío de más fiscales y personal de investigación del CTI para combatir delitos como la extorsión y el narcotráfico, que han aumentado en la región. Toro subrayó que la falta de personal capacitado en la ciudad es un obstáculo para una justicia efectiva, que permita desmantelar las estructuras criminales que operan impunemente.
En cuanto a las condiciones de los privados de libertad en Buenaventura, la Gobernadora también planteó la necesidad de una nueva cárcel con condiciones dignas. Actualmente, la penitenciaría local no ofrece las mínimas garantías para la rehabilitación de los reclusos, y las condiciones de hacinamiento y violencia son parte del problema. En su carta a la Ministra de Justicia, Toro solicitó la construcción de una cárcel más moderna, que respete los derechos humanos y que esté equipada para enfrentar la creciente población carcelaria.
El plan de choque implementado por la Gobernadora también incluye recompensas económicas por información sobre los delincuentes más buscados en la ciudad. La estrategia busca debilitar las organizaciones criminales, pero también abordar las causas sociales que alimentan la violencia en la región. En este contexto, las intervenciones sociales son clave para lograr una estabilización a largo plazo, en la que la comunidad pueda recuperar la confianza en las autoridades y en su propio futuro.
El respaldo de los gremios y organizaciones sociales a este plan refleja la desesperación de la población por encontrar soluciones. Los habitantes de Buenaventura, quienes día a día enfrentan los riesgos de la violencia, reconocen la importancia de contar con el apoyo del Estado. Sin embargo, no solo exigen presencia militar o policiaca, sino que también claman por políticas públicas que ofrezcan alternativas reales para la reconstrucción social y económica del Distrito.
Es imperativo que el Gobierno nacional no permita que Buenaventura siga siendo un reflejo de la indiferencia estatal. La situación en este puerto del Pacífico colombiano es una de las pruebas más claras de la necesidad de un enfoque integral para la paz, la seguridad y el bienestar social. Como sociedad, debemos reflexionar sobre cómo las políticas de seguridad, justicia y desarrollo deben ir de la mano. La solución no puede ser únicamente represiva, sino que debe incluir una transformación estructural que ofrezca oportunidades para las generaciones futuras. Si realmente deseamos un país más justo y pacífico, no podemos seguir ignorando el sufrimiento de las comunidades como la de Buenaventura.
La intervención del Gobierno nacional es urgente. Las promesas deben materializarse en acciones concretas que cambien la realidad de las comunidades afectadas por la violencia y la pobreza. Es momento de hacer de Buenaventura un ejemplo de resiliencia, compromiso y, sobre todo, justicia social.
Redacción de RMC Noticias
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