¿Autonomía regulatoria o castigo comercial? Colombia ante las advertencias de EE. UU. por la industria automotriz

 

¿Autonomía regulatoria o castigo comercial? Colombia ante las advertencias de EE. UU. por la industria automotriz

Por: Paulina Arango M

En las relaciones comerciales, como en la política, los silencios dicen tanto como los discursos. Esta semana, desde Washington, se lanzó una advertencia que, aunque no ocupó grandes titulares, debería preocuparnos profundamente: la Casa Blanca comunicó su descontento frente a las nuevas regulaciones de seguridad automotriz impulsadas por Colombia. Según Estados Unidos, estas normas podrían poner en jaque más de 700 millones de dólares en exportaciones de vehículos, afectando directamente la industria automotriz norteamericana. Pero, ¿por qué una norma técnica en Colombia puede incomodar tanto al gigante del norte?

Porque detrás de la aparente formalidad diplomática se esconde una verdad incómoda: cada vez que un país del sur intenta ejercer su soberanía regulatoria, alguien le recuerda que los tratados de libre comercio también son mecanismos de control.

La regulación como acto de dignidad (y riesgo)

El Gobierno colombiano busca actualizar sus estándares en materia de seguridad automotriz. Algo que parecería lógico y hasta necesario. En un país donde los siniestros viales son la segunda causa de muerte violenta, tener vehículos más seguros no es un capricho, es una urgencia.

Pero Washington lo ve de otro modo. Argumenta que las nuevas exigencias son incompatibles con los acuerdos comerciales vigentes y podrían interpretarse como barreras no arancelarias encubiertas. En otras palabras: un país como Colombia no puede “dificultar” la entrada de vehículos extranjeros, aunque sean más contaminantes o tecnológicamente rezagados. ¿Dónde queda entonces el derecho a proteger la vida de nuestros ciudadanos?

No somos socios, somos dependientes

Esta no es la primera vez que Estados Unidos reacciona con dureza frente a medidas soberanas de países latinoamericanos. En el pasado reciente ya hemos visto cómo se han impuesto aranceles a productos agrícolas colombianos, se han aplazado vuelos de deportación como medida de presión política, y se han condicionado ayudas económicas al comportamiento del gobierno de turno.

La relación bilateral está desequilibrada. No hablamos de una cooperación entre iguales, sino de una estructura donde el poder económico condiciona la política interna. No podemos seguir llamando “socios estratégicos” a quienes nos amenazan con represalias cada vez que tomamos decisiones propias.

El impacto silencioso: el ciudadano en medio del juego

Pongamos esto en contexto: si las amenazas comerciales se concretan, el precio de los vehículos importados en Colombia podría subir significativamente. Esto no solo afectaría a las familias de clase media que aspiran a comprar un carro nuevo, sino también al sistema de transporte, al sector logístico y a cientos de talleres, mecánicos, importadores y concesionarios que dependen de esta cadena.

El ciudadano de a pie, una vez más, termina atrapado en una disputa que no comprende, pero que le vacía el bolsillo.

¿Y si el problema no es la medida, sino la dependencia?

Estados Unidos nos dice que nuestra regulación técnica pone en peligro su comercio. La pregunta que debemos hacernos es por qué la salud de nuestra economía depende tanto de las exportaciones de un solo país. ¿Dónde está nuestra estrategia de diversificación? ¿Por qué no fortalecemos nuestra industria local? ¿Por qué no apostamos de forma decidida a otras alianzas multilaterales que nos den aire, margen de maniobra y capacidad de negociación?

Hay países en Asia, Europa e incluso en África que han logrado diversificar sus socios sin tener que renunciar a su soberanía. Nosotros, en cambio, seguimos actuando como si cada medida debiera consultarse con el embajador norteamericano.

El momento de definir quién manda en casa

Este episodio —como tantos otros que se han acumulado en los últimos años— no debe leerse solo en clave técnica. Es político. Es una oportunidad para preguntarnos si queremos ser una nación que legisla en función de su gente, o una que se acomoda a las exigencias de un sistema global que no nos mira como iguales.

Regular no es prohibir. Exigir estándares de calidad no es cerrar mercados. Es actuar con responsabilidad y dignidad. Si Colombia cede una vez más, estará enviando el mensaje de que su política económica está al servicio del otro, no de su gente.

 ¿soberanía o silencio?

Como país, estamos frente a un espejo. Lo que se refleja allí no es solo una discusión comercial. Es la imagen de una Colombia que debe elegir entre seguir esperando el beneplácito de sus socios tradicionales o comenzar a caminar con sus propios pies.

No pedimos ruptura ni confrontación. Pedimos respeto. Pedimos equilibrio. Y sobre todo, pedimos el derecho a decidir por nosotros mismos sin miedo a ser castigados por ejercer nuestra autonomía.

Si no es ahora, ¿cuándo?


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