Con jóvenes convertidos en agentes de cambio, tecnología de punta en vigilancia y refuerzos marítimos estratégicos, Buenaventura se transforma en un modelo de seguridad integral con enfoque social.
En un ejercicio descentralizado de gobierno con alto simbolismo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha llevado su despacho por varios días a Buenaventura, epicentro estratégico del Pacífico colombiano. Allí ha consolidado una hoja de ruta orientada a transformar la seguridad, fortalecer el tejido social y garantizar la presencia institucional en un territorio históricamente golpeado por la violencia y el abandono estatal. Las recientes decisiones adoptadas no son medidas aisladas, sino componentes de un plan integral para la construcción de confianza entre la ciudadanía y las autoridades.
Una de las acciones más destacadas fue la incorporación de 130 jóvenes bonaverenses al programa ‘Fuerza Joven por el Valle’, con el cual se busca integrar a nuevos miembros a la Policía Nacional provenientes de contextos vulnerables. La gobernadora no se limitó a destacar el número: subrayó el cambio de rumbo que representa esta política pública. “Estos jóvenes estaban en riesgo de ser reclutados por estructuras ilegales o arrastrados por el consumo de drogas. Hoy son parte activa de la solución”, señaló. Este enfoque no solo responde a una necesidad de seguridad, sino que apuesta por la paz desde lo comunitario.
Más allá del uniforme, estos jóvenes también serán formados con enfoque de proximidad, con énfasis en turismo y mediación barrial. Se trata de policías que no solo patrullarán, sino que tendrán un anclaje social profundo en sus propias comunidades. El programa proyecta a futuro una policía que no llegue desde fuera, sino que emerja desde dentro de los territorios, con conocimiento directo de los conflictos locales y herramientas de prevención. Este enfoque ha sido reconocido por líderes comunitarios como una oportunidad inédita para renovar la relación entre ciudadanía y fuerza pública.
Como parte del fortalecimiento de las capacidades operativas, también se anunció la llegada de 200 cámaras de seguridad de alta tecnología que serán integradas al Sistema de Emergencias y Seguridad. La inversión supera los $24 mil millones, con más de $2.335 millones aportados directamente por la Gobernación del Valle, según datos oficiales. Las cámaras —algunas con capacidad de visión de 360° y reconocimiento de placas hasta 150 metros— son vistas como una herramienta clave tanto para la disuasión como para la recolección de pruebas judiciales. “La cámara no solo observa, también protege y previene”, afirmó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.
Mientras tanto, la vigilancia no se limita a la tierra. En una región donde las rutas fluviales y marítimas son fundamentales para la vida económica y social, la Gobernación, en coordinación con la Armada Nacional, ha reforzado los patrullajes marítimos en sectores estratégicos como Juanchaco, Ladrilleros, La Bocana y Pianguita. Esta acción cobra especial relevancia en el marco de la Semana Santa, temporada en la que se incrementa la presencia de visitantes, pero también los riesgos de criminalidad. El operativo incluye vigilancia permanente en altamar y la presencia constante de Guardacostas en puntos clave del litoral.
Estas operaciones no solo protegen a los turistas, sino también a la comunidad portuaria y a las rutas de comercio internacional. “Estamos hablando de la seguridad de un nodo logístico fundamental para Colombia”, explicó Guillermo Londoño, subsecretario de Convivencia del Valle. El control marítimo no solo contrarresta el narcotráfico y el contrabando, sino que envía un mensaje claro: la institucionalidad está presente en todas las dimensiones del territorio bonaverense, desde los barrios urbanos hasta las aguas abiertas del Pacífico.
Desde esta redacción, valoramos el enfoque integral con el que la Gobernación del Valle del Cauca aborda la seguridad en Buenaventura. Sin embargo, el reto no es únicamente técnico ni logístico. La sostenibilidad de estos avances dependerá de la articulación constante con la comunidad, del acompañamiento social y de la voluntad política para mantener la inversión y el seguimiento. La paz no se impone con cámaras ni patrullas: se construye con oportunidades, presencia permanente del Estado y reconocimiento de la dignidad de quienes habitan estos territorios. Buenaventura merece más que intervenciones puntuales: merece un proyecto de país.
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