Cuando un virus que parecía controlado se cobra vidas en silencio, no estamos solo ante una emergencia sanitaria, sino frente a la prueba más dura de lo que significa gobernar la salud pública en tiempos de crisis climática y negligencia estructural.
Colombia vive hoy una situación epidemiológica que no puede entenderse solo desde las cifras: 34 muertos, 47 casos confirmados en humanos este año, y una declaración de emergencia sanitaria y económica firmada por el presidente Gustavo Petro, quien ha ordenado que en dos meses toda la población esté vacunada contra la fiebre amarilla.
La urgencia no se explica solo por la letalidad del virus —de hasta un 50% en casos graves—, sino por la combinación de tres factores que han creado un escenario especialmente peligroso: el avance del cambio climático, la movilidad no controlada del vector (Aedes aegypti) y la lenta respuesta institucional.
Un brote que no sorprende, pero que sacude
En el centro del país, el departamento del Tolima concentra el mayor número de contagios (41 de los 47). Las zonas urbanas, históricamente fuera del radar epidemiológico, han comenzado a registrar presencia del mosquito vector, incluyendo regiones de montaña y áreas tradicionalmente frías como Bogotá.
El presidente Petro lo explicó con crudeza: “El calor en aumento hace que el mosquito suba las montañas, pase los páramos y pueda penetrar en las ciudades”. Esta afirmación no es anecdótica. Es una constatación de cómo la crisis climática ya está reescribiendo los mapas de riesgo epidemiológico en Colombia.
En paralelo, el Ministerio de Salud ha confirmado cinco casos de fiebre amarilla en primates en los departamentos de Tolima y Huila. Aunque estos animales no transmiten la enfermedad, sí son indicadores de circulación activa del virus en zonas rurales y selváticas.
Vacunarse: un derecho, una obligación, una carrera contra el tiempo
La fiebre amarilla no tiene cura. Solo una vacuna, efectiva con una sola dosis para toda la vida, y gratuita en el marco del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Sin embargo, la cobertura no ha sido uniforme.
Hasta enero de este año, la inmunización estaba dirigida únicamente a personas de entre 9 meses y 59 años. El cambio de estrategia llegó tarde, y recién se empezó a vacunar a mayores de 60 en zonas de alto riesgo, pese a que este grupo es particularmente vulnerable.
Según cifras oficiales, más de 54.000 personas han sido vacunadas en lo que va del año en municipios priorizados. Pero el objetivo del gobierno es mucho más ambicioso: llegar a toda la población en dos meses. Un reto logístico complejo que dependerá, sobre todo, de la capacidad local de ejecutar sin burocracia.
En ciudades como Cali, la respuesta ha sido inmediata. Se han habilitado puntos como el de la Terminal de Transportes, donde más de 600 personas acudieron en los últimos días, y se ha activado un segundo puesto en la IPS Primero de Mayo, con atención continua durante el fin de semana, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Emergencia declarada, lecciones no aprendidas
Colombia no enfrentaba una amenaza tan clara de fiebre amarilla desde hace más de una década. Pero lo más preocupante no es el virus: es la fragilidad con que se construyen las respuestas. El Congreso, según lo ha señalado el propio presidente, ignoró las advertencias sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica y el cambio en los patrones de enfermedad derivados del cambio climático.
Esta no es solo una crisis sanitaria. Es un espejo del abandono preventivo y de la debilidad del sistema de alerta temprana. Esperar a que los muertos acumulen cifras para activar mecanismos de protección es una lógica que, en tiempos de epidemias y pandemias, no puede sostenerse.
¿Qué está en juego?
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La confianza pública en la prevención: el virus es prevenible. Si las personas mueren, no es por la enfermedad, sino por la falla del sistema para protegerlas a tiempo.
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La descentralización sanitaria: que las ciudades intermedias y los departamentos puedan actuar con autonomía y eficacia será clave en esta fase de vacunación masiva.
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El vínculo entre salud y clima: esta emergencia es una evidencia irrefutable de que las políticas de salud pública deben incorporar modelos climáticos, movilidad de vectores y anticipación de riesgos.
¿Y ahora qué?
Colombia tiene los recursos técnicos, la vacuna disponible y la experiencia en campañas masivas de vacunación. Pero el tiempo corre en contra, y el virus no espera autorizaciones legislativas ni debates burocráticos. La fiebre amarilla pone al país ante una elección crítica: actuar con audacia y planificación o resignarse a que esta tragedia se repita cíclicamente en nuevas geografías.
Epílogo: la salud no se improvisa
Esta emergencia debe marcar un antes y un después. No solo en términos de vacunación, sino en el rediseño completo de nuestras políticas de salud pública frente a enfermedades vectoriales en un país cada vez más expuesto al cambio climático.
Porque en un sistema de salud verdaderamente preventivo, una enfermedad prevenible no debería cobrar vidas. No es solo cuestión de biología. Es, sobre todo, una responsabilidad política.
Redacción de RMC Noticias
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