El brote de fiebre amarilla que ha cobrado la vida de 22 personas y dejado 54 casos confirmados en el Tolima, el más grave en más de 25 años, no es solo una emergencia sanitaria; es un reflejo de las profundas desigualdades y deficiencias estructurales que aún persisten en Colombia. La propagación de esta enfermedad a regiones como Caldas, Putumayo, Caquetá, Meta y zonas fronterizas con Ecuador y Brasil, y la declaración de calamidad pública en Tolima, evidencian la fragilidad de nuestro sistema de salud y la falta de preparación ante amenazas biológicas.
La fiebre amarilla, transmitida por mosquitos, es una enfermedad prevenible mediante vacunación. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido reactiva, no proactiva. La instalación de cercos epidemiológicos y la intensificación de campañas de vacunación, aunque necesarias, llegan tarde y reflejan una gestión pública que, en muchos casos, actúa solo cuando la crisis ya está en curso.
En este contexto, la prevención inmediata es fundamental. Aunque aún no se reportan casos en Cali, las autoridades sanitarias no descartan la posibilidad de que se presenten en las próximas semanas. Por ello, la Secretaría de Salud Distrital ha instalado más de 24 puntos de vacunación que estarán activos durante la Semana Santa, incluyendo uno estratégico en la Terminal de Transportes. Esta medida busca no solo contener un posible brote, sino también fomentar una cultura de prevención sanitaria que, lamentablemente, ha sido históricamente postergada.
Este brote no es un hecho aislado. Es el resultado de décadas de desatención a las zonas rurales, de políticas públicas que priorizan lo urbano sobre lo rural, y de una visión del desarrollo que no considera la salud como un derecho fundamental. La fiebre amarilla, al igual que otras enfermedades prevenibles, se ha convertido en un indicador de la inequidad en el acceso a servicios de salud y de la falta de infraestructura básica en muchas regiones del país.
La respuesta del gobierno, aunque necesaria, debe ir más allá de medidas paliativas. Es imperativo que se invierta de manera sostenida en la prevención, en la educación sanitaria, en la mejora de la infraestructura de salud y en la atención a las comunidades más vulnerables. La vacunación debe ser vista no solo como una medida de control, sino como una estrategia integral de salud pública que incluya monitoreo constante, acceso equitativo a servicios y fortalecimiento de las capacidades locales.
La fiebre amarilla nos recuerda que la salud no es un bien de consumo, sino un derecho humano fundamental. Una crisis sanitaria como esta debe ser una llamada de atención para repensar nuestras políticas públicas, para cuestionar las prioridades del Estado y para exigir una gestión más humana, equitativa y efectiva.
Es hora de que la salud deje de ser una respuesta a la emergencia y se convierta en una política preventiva y transformadora. Solo así podremos evitar que futuras crisis nos encuentren desprevenidos y, lo que es peor, indiferentes.
Redacción de RMC Noticias
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