El fenómeno de las invasiones en las laderas de Cali es mucho más que un problema de ocupación irregular de tierras; es un síntoma de un conflicto estructural entre el crecimiento urbano desmedido y la protección del medio ambiente. Las laderas, que históricamente han sido zonas de alto valor ecológico, se están convirtiendo en el terreno de una batalla donde el desarrollo urbano, la conservación del ecosistema y la seguridad de los ciudadanos se entrelazan de manera compleja. Las autoridades locales, en particular la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana, han comenzado a tomar medidas para contrarrestar este fenómeno, pero la pregunta es si estas acciones serán suficientes para abordar las raíces profundas del problema.
La intervención de la Alcaldía, liderada por el alcalde Alejandro Eder, y la Policía Metropolitana, a través del equipo especial de control a bordes e invasiones, es un paso necesario para prevenir el daño ecológico y los riesgos que las invasiones generan en las laderas. Sin embargo, este enfoque, aunque crucial, nos invita a una reflexión más profunda: ¿estamos realmente abordando el fenómeno de las invasiones desde sus causas estructurales? Las autoridades han logrado realizar 92 recorridos de monitoreo y 37 operativos en lo que va del año, recuperando más de 40 hectáreas y retirando más de 200 cambuches. A pesar de estos esfuerzos, la pregunta persiste: ¿qué estamos haciendo para evitar que las invasiones continúen proliferando en áreas de alto riesgo, como las laderas y corregimientos?
En este contexto, la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental en la lucha contra las invasiones. El uso de drones y el helicóptero ‘Halcón’ de la Policía para realizar vigilancia aérea no solo es una estrategia innovadora, sino también una respuesta ante la creciente complejidad del problema. Las aeronaves permiten acceder a zonas difíciles, ofreciendo una visión integral de las áreas afectadas. Sin embargo, este enfoque tecnológico solo es una parte de la solución. No podemos perder de vista que la invasión de tierras es, en última instancia, un problema social y económico que requiere de un enfoque integral, no meramente reactivo.
Las laderas de Cali, además de su importancia ambiental, tienen un valor social y cultural significativo. En ellas habitan miles de personas que, muchas veces, se ven obligadas a ocupar tierras de manera ilegal debido a la falta de acceso a la vivienda y a la pobreza estructural que afecta a gran parte de la población. ¿De qué sirve proteger el medio ambiente y las zonas rurales si, al mismo tiempo, no se ofrece una alternativa real y sostenible para quienes se ven forzados a invadir estos terrenos? La intervención de las autoridades debe ser complementada con políticas públicas que aborden las desigualdades sociales y económicas que impulsan las invasiones. Es decir, la prevención no puede limitarse a una respuesta punitiva, sino que debe incluir propuestas de desarrollo urbano y social que proporcionen soluciones de vivienda digna.
El desafío que enfrenta Cali no es únicamente el de frenar las invasiones, sino también el de encontrar un equilibrio entre el crecimiento urbano y la conservación del medio ambiente. El Parque Nacional Natural Farallones de Cali, un tesoro ecológico invaluable para la ciudad, se encuentra en constante peligro por la presión de las ocupaciones ilegales. Las autoridades locales, a través del Dagma y la Policía Ambiental, están trabajando para proteger estos espacios, pero el camino hacia la sostenibilidad no es fácil ni corto. Las zonas de riesgo, los cambuches y las invasiones recientes en el espacio público son una clara señal de que el modelo de desarrollo urbano actual no está siendo lo suficientemente inclusivo ni respetuoso con el entorno natural.
Lo que está en juego no es solo la integridad de las laderas de Cali, sino la calidad de vida de sus habitantes. La intervención de los corregidores y las autoridades locales es crucial para frenar el avance de las invasiones, pero también es esencial que se establezca una conversación más amplia sobre el uso del territorio y el futuro de la ciudad. ¿Cómo podemos garantizar que las futuras generaciones de caleños vivan en un entorno que respete la biodiversidad, al mismo tiempo que se satisface la creciente demanda de vivienda? ¿Es posible encontrar soluciones de urbanización que no destruyan las laderas ni afecten la biodiversidad de las zonas rurales?
Las cifras son reveladoras: 92 recorridos de monitoreo, 37 operativos, 210 cambuches retirados y 40,86 hectáreas recuperadas en el primer trimestre de 2025. Estos logros, aunque significativos, reflejan una lucha constante contra un fenómeno que no tiene fácil solución. Las autoridades tienen el deber de continuar con estos esfuerzos, pero deben hacerlo reconociendo que el problema de las invasiones no es solo una cuestión de control territorial, sino también de justicia social y ambiental.
Finalmente, el reto es entender que el control a las invasiones debe ir acompañado de una transformación en las políticas públicas que fomenten un desarrollo urbano inclusivo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Es urgente un cambio de enfoque, donde la protección de las laderas de Cali no sea vista como una medida punitiva, sino como una oportunidad para repensar el modelo de urbanización y garantizar que el crecimiento de la ciudad no pase por encima de sus recursos naturales. Si realmente queremos un futuro más justo y más verde para Cali, debemos reconocer que la solución a las invasiones no está solo en la represión, sino también en la prevención y en el desarrollo de alternativas viables para todos los caleños.
Por: Paulina Arango M
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