Con el anuncio de siete corredores seguros para la movilidad durante la Semana Santa, el Valle del Cauca parece tomar un respiro en medio de tensiones históricas que combinan violencia estructural, abandono territorial y fragilidad institucional. La estrategia anunciada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, si bien responde a una necesidad coyuntural de proteger a turistas y residentes, también expone una realidad que no puede seguir tratándose con soluciones temporales.
La confirmación de corredores seguros en Juanchaco, Ladrilleros, La Bocana y Piangüita —zonas emblemáticas del turismo en el Pacífico— evidencia una recuperación paulatina de la presencia del Estado en territorios donde, por años, el control ha sido difuso o inexistente. La articulación entre las fuerzas militares y la administración departamental promete garantías mínimas para el desplazamiento durante la Semana Mayor, pero ¿qué sucede con la seguridad en los 51 restantes fines de semana del año?
El ministro de Defensa (r), Pedro Sánchez, fue claro al reconocer que los avances son notables pero insuficientes. Durante la reunión del bloque parlamentario, afirmó que el enfoque no debe ser paliativo: “La estrategia es 30% militar y policial, y 70% acción unificada del Estado”. Esa proporción revela algo fundamental: la seguridad duradera no nace del patrullaje, sino de la inversión estructural y la presencia institucional constante. Una afirmación que, sin embargo, aún no se traduce plenamente en el territorio.
Los siete corredores identificados no solo cubren zonas turísticas. También atraviesan puntos sensibles como Palmira, Bolívar, Cartago y Buga, donde confluyen flujos económicos, religiosos y sociales. Según el secretario de Convivencia y Seguridad, César Marín, el diseño de estos puntos se basa en análisis previos de movilidad, concentración poblacional y riesgo delictivo. A ellos se sumará un despliegue de más de 3.200 uniformados, lo que refuerza la apuesta por el control táctico, aunque deja en evidencia la dependencia de la fuerza para resolver problemas que exigen más que operativos.
En paralelo, se activó la alerta amarilla en la red hospitalaria pública, como medida preventiva ante posibles emergencias sanitarias durante los desplazamientos. Esta decisión, aunque técnica, encaja dentro de un patrón de gestión reactiva: el sistema se prepara para responder, pero no necesariamente para transformar. Las enfermedades transmitidas por vectores, la saturación de servicios en zonas turísticas y los riesgos por las lluvias no son excepcionales: son parte del nuevo contexto habitual, frente al cual las respuestas deben dejar de ser episódicas.
Durante la tercera Toma Social Integral realizada en Buenaventura, la administración departamental desplegó un plan de choque multisectorial. Este esfuerzo, valorable por su intención integradora, confirma lo que se ha reiterado desde múltiples sectores sociales: la seguridad no se conquista con presencia policial aislada, sino con políticas sostenidas de equidad, acceso y dignidad. Así lo enfatizó la propia gobernadora: “Aquí no deben existir divisiones ni políticas ni ideológicas. Aquí lo importante es que la gente necesita seguridad, inversión social y oportunidades”.
Este medio respalda el compromiso institucional por garantizar condiciones mínimas de seguridad durante eventos de alta movilidad. Pero también plantea una advertencia necesaria: la recuperación de la confianza ciudadana no puede depender del calendario turístico ni de decisiones de corto alcance. Lo que hoy se anuncia como “corredor seguro” no debe convertirse en un alivio momentáneo, sino en el inicio de una política pública que reconozca el derecho a la libre circulación como parte de una vida digna. La paz territorial no se logra con operativos estacionales, sino con compromiso político sostenido, voluntad de transformación estructural y un Estado que se niegue a ser visitante esporádico en su propio territorio.
Redacción de RMC Noticias
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