Un escándalo que sacude las bases del poder legislativo en Colombia y reaviva dudas sobre la ética política
Por Paulina Arango M | Bogotá, mayo de 2025
Una orden judicial que remece al Congreso
En un giro que pocos esperaban —pero muchos sospechaban—, la Corte Suprema de Justicia ordenó esta semana la captura inmediata de Iván Name, expresidente del Senado y figura visible del partido Alianza Verde, y de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal.
Ambos están vinculados a una investigación por presunta corrupción relacionada con sobornos provenientes de altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Fiscalía, los pagos buscaban asegurar el respaldo legislativo necesario para avanzar en la agenda del gobierno de Gustavo Petro.
Más que nombres: una estructura puesta en evidencia
Lo que está en juego no es solo la responsabilidad individual de dos parlamentarios. Lo que se revela aquí es un mecanismo que, de confirmarse, convierte al Congreso en pieza instrumental de un engranaje corrupto, usado para legalizar decisiones previamente pactadas con dinero y poder.
La UNGRD, entidad destinada a proteger a la población ante emergencias, se habría convertido —según los fiscales— en un canal paralelo de influencia política, desviando recursos públicos para comprar voluntades en el Legislativo. Un modus operandi tan cínico como eficaz.
Consecuencias políticas inmediatas
Como efecto directo de las capturas, las curules de Name y Calle quedarán vacantes, dado que la ley prohíbe reemplazos en casos de pérdida del fuero parlamentario por corrupción. Esto supone un golpe para la ya fracturada gobernabilidad del Congreso y una señal de advertencia para sus respectivos partidos.
El Partido Liberal, en crisis de identidad, pierde a uno de sus pocos alfiles con visibilidad nacional. Alianza Verde, en pleno proceso de redefinición política, queda asociada a uno de los escándalos más sonados de la legislatura.
Petro en el espejo: ¿beneficiario o rehén del sistema?
Aunque el presidente Gustavo Petro no ha sido implicado directamente, los hechos salpican inevitablemente a su gobierno. No solo porque los sobornos buscaban facilitar reformas promovidas desde el Ejecutivo, sino porque la UNGRD —el epicentro de esta red— operaba bajo la administración actual.
La política bajo sospecha: entre desconfianza y desgaste
Este escándalo se suma a una larga cadena de crisis institucionales que han debilitado la confianza ciudadana en el Congreso. Según encuestas recientes, más del 75% de los colombianos considera que la corrupción está enquistada en la política nacional, y este caso parece confirmar ese diagnóstico social.
A diferencia de escándalos anteriores, sin embargo, este episodio golpea al corazón mismo del equilibrio de poderes: el Legislativo, como contrapeso, pierde legitimidad al convertirse en cómplice.
¿Y ahora qué? Una pregunta sin respuesta fácil
La respuesta no vendrá solo desde los tribunales. Vendrá —si acaso— desde una ciudadanía capaz de exigir algo más que castigos simbólicos: una reconfiguración del poder con ética y transparencia como condiciones, no como discursos.
El costo de legislar bajo soborno
La captura de Name y Calle no es solo una noticia judicial. Es una alerta política, una oportunidad para mirar de frente una práctica que ha deformado el ejercicio democrático en Colombia. Y también, una invitación a asumir que la corrupción no siempre opera en las sombras: a veces se sienta en el primer puesto del Congreso.
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