El hundimiento de la consulta popular confirma el cerco político al cambio en Colombia
Cuando no dejan ni preguntar
Durante una sesión marcada por la tensión, el Senado de la República hundió la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro con una estrecha votación: 49 senadores en contra y 47 a favor. La iniciativa buscaba someter a la decisión ciudadana temas laborales fundamentales como recargos dominicales, licencias por salud, horarios nocturnos y condiciones mínimas de dignidad en el trabajo.
Pero no se trató solo de un trámite legislativo fallido. Se trató de una decisión política de fondo: cerrar la puerta a la participación directa del pueblo, justo cuando las instituciones parecen incapaces de dar respuestas reales a las demandas sociales.
El Congreso: entre privilegios y cerrojos
Este no es un episodio aislado. En los últimos meses, el Congreso ha bloqueado todas las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno: la reforma a la salud fue archivada; la laboral, despolvada solo para volver a atascarse; y la pensional, aún en limbo.
El hundimiento de la consulta confirma una tendencia: no se debate con argumentos, se frena por intereses. El Legislativo parece haber optado por la inmovilidad estratégica. No propone ni permite avanzar. Su silencio, su cinismo y su cálculo dejan claro para quién legisla.
Un modelo que se aferra a sí mismo
Lo que estamos viendo no es un error administrativo, sino una reafirmación de un modelo político que sólo protege a una minoría. Colombia sigue anclada a lógicas laborales precarias, casi decimonónicas, mientras millones trabajan sin estabilidad, sin derechos, sin garantías mínimas. Pero cuando se propone consultar al pueblo sobre su futuro, la respuesta es un portazo.
La consulta: ¿por qué temer al voto popular?
La consulta popular, lejos de ser un capricho del Ejecutivo, era un intento por abrir la conversación con la ciudadanía cuando los canales institucionales ya no funcionan. ¿Por qué temer a que el pueblo decida sobre temas que lo afectan directamente? ¿A quién incomoda escuchar lo que la mayoría piensa?
La respuesta está en las reacciones: aplausos y abrazos entre los senadores que celebraron el hundimiento, mientras uno de ellos remataba con cinismo: “Así nos ahorramos $750.000millones”. Como si preguntar fuera derrochar. Como si participar fuera un lujo. Como si la democracia no costara, ni valiera.
La acusación de fraude y el fantasma del 19 de abril
El presidente Petro fue directo: “No se hundió la consulta. La hundieron con fraude. Como en un 19 de abril de 1970.” Según su denuncia, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerró la votación cuando aún ingresaban apoyos suficientes para su aprobación. El ministro del Trabajo habló de una “bochornosa trampa”.
Más allá de la legalidad o la técnica, lo que quedó herido fue el principio democrático. Si se manipulan los tiempos para alterar resultados, ¿qué confianza puede quedar en los mecanismos representativos?
¿Y ahora qué? El pueblo no se silencia
El Gobierno ha optado por convocar a la movilización organizada: centrales obreras, juntas comunales, movimientos sociales, indígenas, campesinos y jóvenes. Pero ha sido claro: no a la violencia, no a la fuerza. “Al pueblo no se le silencia con trampa. Se le respeta con diálogo.”
Este llamado no es una amenaza: es una advertencia democrática. Si el Congreso niega todas las rutas institucionales, la ciudadanía encontrará otras formas de participación y expresión.
Un país ante su disyuntiva más profunda
Colombia enfrenta una disyuntiva de fondo: o democratiza el poder real, o perpetúa su exclusión. O permite que el pueblo decida, o convierte su democracia en una fachada. Lo que está en juego no es una consulta, ni un proyecto de ley, sino el vínculo entre representantes y representados.
Lo que se rompió con esta votación no fue solo un trámite legislativo. Se rompió la fe en que los grandes debates del país puedan resolverse con diálogo democrático y reglas limpias.
Gobernar sin pueblo, ¿es gobernar?
Una democracia sin participación, sin debate, sin pueblo, no es una democracia: es una administración de privilegios. Y una democracia así, como advierte la historia, siempre termina pagando su precio.
Si el Congreso no quiere o no puede legislar para todos, que al menos no obstaculice las vías que el pueblo se da para intentar decidir su destino.
Porque si el Congreso no abre el camino, será la ciudadanía quien, por la fuerza de la organización pacífica, lo trace por sí misma.
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