Consejo de Seguridad en Cali trazó estrategias de control territorial y sustitución de cultivos ilícitos para la zona alta de Jamundí
En un país donde las respuestas estructurales a la violencia suelen llegar tarde o mal, el reciente Consejo de Seguridad realizado en Cali parece marcar una inflexión esperanzadora para Jamundí, municipio históricamente golpeado por la presencia de cultivos ilícitos, grupos armados y abandono institucional.
La cita, que contó con la participación del Ministro de Defensa, la gobernadora del Valle del Cauca, las Fuerzas Militares y autoridades civiles, dejó sobre la mesa una ruta que conjuga el control territorial con propuestas productivas sostenibles. Lo urgente se cruza aquí con lo necesario.
Control territorial: el primer paso de una presencia que debe ser constante
Jamundí no solo necesita presencia del Estado: necesita una presencia que transforme. El fortalecimiento del control territorial fue una de las decisiones más contundentes del Consejo. Se busca no solo neutralizar a los actores ilegales, sino garantizar que la ciudadanía pueda habitar su propio territorio sin miedo.
Este enfoque, según lo expresado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, implica actuar en dos frentes: seguridad institucional y reactivación económica rural. No basta con la intervención militar; hace falta un acompañamiento continuo que respalde a las comunidades.
De lo ilícito a lo productivo: la promesa de una sustitución con sentido
Uno de los puntos clave del encuentro fue la implementación de un plan de sustitución de cultivos ilícitos con cadenas productivas legales, una estrategia que propone cambiar la lógica de la erradicación por la de la transformación.
“Es fundamental que los campesinos puedan sustituir cultivos ilegales por opciones viables y rentables, y que se generen cadenas productivas que garanticen sostenibilidad y dignidad para las comunidades”, afirmó la gobernadora.
Esta visión fue reforzada por el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien habló de un “plan de transformación agroalimentaria” como horizonte estratégico para devolverle a Jamundí su vocación agrícola y su derecho a la esperanza.
“Nuestros campesinos e indígenas deben caminar libres por sus territorios. Que se sientan orgullosos de lo que siembran. Esa es la Colombia por la que trabajamos”, señaló.
Seguridad con rostro humano: más allá del despliegue militar
El mensaje de fondo es claro: no hay seguridad real si no se garantiza bienestar. Las soluciones deben ir más allá de los operativos. Implican educación, infraestructura, vías de comercialización, acceso al crédito y acompañamiento técnico para los campesinos que decidan transitar a la legalidad.
El reto, sin embargo, es monumental. Los cultivos ilícitos no se sostienen únicamente por la imposición armada, sino por una economía rural que históricamente ha sido ignorada. La clave estará en si las estrategias planteadas logran instalarse como políticas públicas sostenidas, y no como anuncios temporales de coyuntura.
No se trata solo de controlar, sino de cuidar
Lo que está en juego en Jamundí no es solo la seguridad de un municipio, sino la posibilidad de redefinir el vínculo entre Estado y territorio. El Consejo de Seguridad no puede quedarse en una foto institucional ni en una declaración de voluntad.
Se necesita acción, continuidad y sobre todo una mirada profunda que entienda que el control no se impone: se construye con legitimidad, con confianza y con justicia. Solo así, la presencia del Estado dejará de ser una excepción en zonas como la alta montaña de Jamundí y comenzará a ser una constante.
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