330 unidades aprehendidas, millones en juego y una batalla silenciosa por la salud pública y los recursos sociales
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Cifras que destapan una realidad subterránea
La Gobernación del Valle del Cauca, en articulación con la Policía Metropolitana de Cali, el Departamento de Policía Valle y su Grupo Operativo Anticontrabando, reportó esta semana la aprehensión de 330 unidades de licor de contrabando, valoradas en más de 15 millones de pesos.
Los operativos, realizados en Jamundí, Bugalagrande y Florida, detectaron productos que presuntamente eran adulterados. Según Martha Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas, entre las marcas incautadas se encuentran nombres ampliamente reconocidos en el mercado colombiano: Aguardiente Tapa Azul, Aguardiente Antioqueño, Amarillo de Manzanares, Ron Viejo de Caldas y varios tequilas.
Estos datos no son anecdóticos. Con este resultado, ya se superan las 3.200 unidades incautadas en lo que va del 2025 en el departamento. Cada botella no registrada representa un riesgo sanitario y una pérdida directa para los fondos públicos que sostienen programas en salud, educación y deporte.
¿Por qué persiste el contrabando?
Combatir el contrabando requiere más que retenes y decomisos. Requiere leer el fenómeno como una expresión de desigualdades económicas, debilidad institucional y redes ilícitas organizadas, que encuentran en la informalidad un terreno fértil.
Mientras exista una demanda que prioriza el precio sobre la calidad y una oferta clandestina que opera con relativa impunidad, esta práctica seguirá encontrando rutas y compradores. La intervención policial es imprescindible, pero insuficiente por sí sola. La pregunta de fondo es: ¿qué condiciones estructurales lo siguen haciendo rentable y viable?
La salud y los recursos públicos: los verdaderos afectados
Más allá del delito fiscal, el consumo de licor adulterado puede derivar en daños irreversibles a la salud, desde intoxicaciones hasta la muerte. El contrabando no discrimina edades ni estratos: sus consecuencias son transversales y muchas veces invisibles, hasta que ya es tarde.
Cada botella que evade el circuito legal le resta al sistema público recursos vitales. La Unidad de Rentas del Valle ha sido clara en su mensaje: cada producto incautado es una inversión protegida, un derecho social resguardado y un riesgo evitado.
Una lucha que también debe ser cultural
El contrabando es, en parte, cultural. En muchas regiones del país, consumir productos "más baratos", aunque ilegales, está normalizado. Frente a esto, la pedagogía pública es tan necesaria como los operativos.
Se necesita una narrativa ciudadana que entienda que comprar licor de contrabando no es solo un acto individual, sino un apoyo involuntario a redes que afectan el bienestar colectivo.
Mirando hacia adelante
El Valle del Cauca ha mostrado resultados concretos en la lucha contra el contrabando, pero la verdadera victoria será cuando no haya necesidad de contar unidades aprehendidas. Mientras tanto, cada acción suma. Cada botella que no llega al mercado clandestino es una victoria silenciosa que debe ser reconocida, replicada y, sobre todo, sostenida en el tiempo.
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