Con la espada de Bolívar en mano, el presidente convoca al pueblo a recuperar su voz tras la negativa del Congreso a las reformas sociales
Bogotá / Mayo de 2025
En un país donde los gestos simbólicos suelen ser estériles, Gustavo Petro eligió uno que no puede ignorarse. El pasado Primero de Mayo, mientras miles se congregaban en la Plaza de Bolívar, el presidente llegó con una urna de cristal: dentro, la espada del Libertador. No era solo un homenaje. Era, como él mismo lo dijo, una señal de que el pueblo viene “por su poder”.
Con esa escena como antesala, Petro radicó personalmente en el Senado la propuesta de Consulta Popular para que los colombianos decidan sobre 12 puntos fundamentales para la justicia laboral, la equidad económica y la dignidad social. No lo hizo como un acto administrativo más. Lo hizo con la convicción de que, tras repetidas negativas del Congreso, solo queda la voz directa del pueblo.
La espada de Bolívar no es un ornamento
La escena es histórica: el presidente entra al Congreso con la espada de Bolívar, acompañado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, ministros y su hija menor. El gesto fue una continuación del que ya había hecho en su investidura, cuando ordenó que la espada acompañara el inicio de su mandato.
Pero esta vez, la espada no se exhibió: se blandió. “Aquí llega la historia”, dijo. Y con ella, una advertencia: no es Petro quien convoca al Senado, sino el pueblo colombiano.
“Venimos con la espada, con la Guardia del Ejército Libertador, venimos con el pueblo, pero venimos desarmados. No vendremos armados otra vez, pero el pueblo vendrá por su poder”.
¿Por qué una Consulta Popular?
El Gobierno del Cambio intentó en dos ocasiones impulsar una reforma laboral a través del Congreso. Ambas veces fracasó:
En marzo de 2023, Petro radicó personalmente el primer texto. Nunca se debatió.
En agosto de 2023, se presentó una versión concertada con empresarios y sindicatos. Avanzó en Cámara, pero fue archivada en marzo de 2025 en la Comisión Séptima del Senado por una ponencia negativa firmada por sectores conservadores.
Ante este bloqueo legislativo, el presidente anunció el 11 de marzo de 2025 que convocaría al pueblo directamente, mediante una consulta popular amparada por la Constitución y la Ley 1757 de 2015.
¿Qué preguntará la Consulta? Las 12 claves
Las preguntas no son técnicas ni ambiguas. Son claras, concretas, y apuntan a corregir el modelo laboral impuesto tras la reforma de 2002. Entre los temas:
Reducción de jornada laboral.
Pago justo por trabajo dominical y festivo.
Contratación formal para trabajadores informales y digitales.
Licencias menstruales y médicas garantizadas.
Inclusión de personas con discapacidad en el trabajo.
Eliminación de la tercerización abusiva.
En palabras del presidente: “Esta reforma no es contra nadie, es a favor de todos los que han sido excluidos del país productivo y digno”.
El Congreso, frente al espejo de la historia
La ley establece que el Senado tiene un mes para pronunciarse sobre la viabilidad de convocar la Consulta. Si no lo hace, o si emite concepto favorable, el presidente podrá fijar la fecha de votación en un plazo de tres meses.
La votación será válida si participa al menos un tercio del censo electoral, y el resultado será obligatorio si más de la mitad vota “sí”. En ese caso, el Congreso estará obligado a legislar en consecuencia. Si no lo hace, el Ejecutivo podrá implementar lo aprobado por decreto con fuerza de ley.
¿Qué implica esto para Colombia?
La Consulta Popular no solo plantea reformas específicas. Representa un nuevo paradigma de relación entre el Estado y la ciudadanía. Petro ha puesto en juego no solo su capital político, sino su visión de democracia: una donde el pueblo decide sin intermediarios.
Pero también ha puesto al Congreso frente a una disyuntiva incómoda: seguir legislando de espaldas al país o ceder ante la presión legítima del soberano.
Y lo hace evocando la figura más poderosa del imaginario nacional: Bolívar, el hombre que también quiso transformar estructuras, no solo gobiernos.
Las 12 preguntas de la Consulta Popular
¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.?
¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
¿Está de acuerdo con que las mipymes asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
¿Está de acuerdo con permisos para tratamientos médicos y licencias menstruales incapacitantes?
¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
¿Está de acuerdo con contratos laborales para aprendices del SENA?
¿Está de acuerdo que trabajadores de plataformas puedan acordar su contrato y recibir seguridad social?
¿Está de acuerdo con un régimen laboral especial para el campo, que garantice derechos y salario justo?
¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización laboral mediante contratos sindicales que violen derechos?
¿Está de acuerdo con la formalización de trabajadores informales (domésticas, periodistas, artistas, etc.)?
¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
¿Está de acuerdo con constituir un fondo para un bono pensional campesino?
Una consulta que es más que política
Este no es solo un trámite institucional. Es una confrontación entre dos legitimidades: la representativa y la directa. Petro lo sabe y lo asume. Y aunque muchos discrepen de su método o estilo, lo cierto es que ha devuelto a los símbolos su potencia política.
La espada está de nuevo en el centro del debate. Pero esta vez, no para cortar cabezas, sino para abrir una pregunta: ¿quién decide el destino de Colombia?
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