El hecho, repudiado por autoridades locales y el gastrobar involucrado, abre un debate necesario sobre discriminación y respeto institucional
Un hecho que sacude: agresión, racismo y una ciudad que exige respeto
En Cali, una ciudad que históricamente ha sido ejemplo de diversidad, el reciente episodio de agresión verbal y discriminación racial contra un agente de tránsito afrodescendiente, perpetrado durante un procedimiento en vía pública, no solo ha generado indignación, sino que también ha desatado una conversación urgente sobre el respeto a la autoridad, el racismo estructural y el papel del sector privado en contextos de conflicto social.
El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales: un ciudadano, visiblemente exaltado, increpa y discrimina al agente José Félix Angulo, quien cumplía con su deber en un control de tránsito. Más allá de la violencia verbal y el irrespeto, lo que se evidenció fue la normalización de prácticas racistas en espacios públicos, en una ciudad que alberga la segunda mayor población afrodescendiente de América Latina.
El pronunciamiento del gastrobar: “Asumirá las consecuencias”
El hecho cobró aún más atención cuando se conoció que el agresor hacía parte del equipo de trabajo de 891 Gastrobar, un reconocido establecimiento nocturno de la ciudad. La empresa no tardó en emitir un comunicado, desmarcándose del comportamiento de su empleado y asegurando que "los hechos no representan los valores, principios ni la manera en la que operamos como empresa".
“Desde 891 Gastrobar deseamos expresar de forma respetuosa y categórica que los hechos recientemente difundidos no representan los valores que defendemos. Rechazamos cualquier conducta violenta o discriminatoria”, se lee en el oficio. El establecimiento también reafirmó su compromiso con el respeto a la ley, el trato digno y la convivencia ciudadana, indicando que el colaborador implicado deberá asumir las consecuencias legales y laborales de sus actos.
Una ciudad que alza la voz: el gabinete distrital se pronuncia
El rechazo institucional fue unánime. Desde distintas dependencias de la Alcaldía de Cali, funcionarios se solidarizaron con el agente afectado y condenaron categóricamente el racismo.
El gerente general de Emcali, Roger Mina Carbonero, fue enfático:
“Esto no es chistoso y no puede ser parte de nuestra cultura. Es un delito. Cali no puede permitir estas expresiones de odio.”
Por su parte, Mabel Lara Dinas, secretaria (e) de Desarrollo Económico y Turismo, recordó que el racismo no es una simple opinión:
“Cali necesita conversaciones diversas, pero también una mano firme desde la institucionalidad para erradicar la discriminación”.
La secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Johana Caicedo, hizo un llamado a la reconciliación:
“Este acto nos duele, pero también nos permite reflexionar y reconstruir. Cali merece verse a través de la humanidad de cada uno de sus ciudadanos.”
Racismo y autoridad: el doble desafío
El director del Departamento de Hacienda, Jhon Jairo Quinchua, introdujo un ángulo adicional al debate: el respeto a la autoridad.
“No puede haber espacio para agresiones a quienes representan a las instituciones. Defender la diversidad también implica respetar las normas que nos rigen como sociedad”.
En ese mismo sentido, Maritza Aponzá Zapata, secretaria de Desarrollo Territorial, subrayó que este tipo de incidentes no pueden repetirse:
“Lo ocurrido atenta no solo contra una persona, sino contra una población entera que construye ciudad día a día”.
Más allá del comunicado: ¿y ahora qué?
Aunque el gastrobar ha intentado desligarse del incidente, este episodio pone sobre la mesa una discusión más profunda sobre la responsabilidad social del sector privado, la formación de sus empleados y su papel en una cultura empresarial ética y respetuosa de la diversidad.
El caso también resalta la urgencia de aplicar con firmeza las leyes antidiscriminatorias en Colombia y de visibilizar las microagresiones diarias que, aunque menos virales, son igualmente dañinas para las poblaciones racializadas.
Un llamado a la acción colectiva
El racismo no se desmonta solo con comunicados o condenas públicas. Se requiere de acciones sostenidas, educación ciudadana, voluntad política y un compromiso real de los sectores público y privado. Cali, como ciudad diversa, enfrenta un desafío mayor: convertir su multiculturalismo en un motor de unidad, no en una excusa para la exclusión.
Este episodio no debe archivarse en la carpeta de "casos virales". Debe marcar un antes y un después en cómo se abordan, reconocen y sancionan las conductas racistas. Porque la dignidad, como bien lo recordaron los funcionarios distritales, no es negociable.
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