La Comisión Cuarta aprueba la reforma de Petro: ahora la plenaria del Senado enfrenta su responsabilidad ante el país.
Entre la memoria y el futuro
El 28 de mayo de 2025, mientras el país se preparaba para una nueva jornada de paro nacional convocado por las centrales sindicales, la Comisión Cuarta del Senado dio luz verde a uno de los proyectos más simbólicos del actual gobierno: la reforma laboral. Lo hizo en una jornada nocturna, votada por 13 senadores a favor y 2 en contra, a pocos días de cerrar el primer semestre legislativo.
Pero más allá del conteo de votos, lo que está en juego es la reivindicación de derechos colectivos que fueron debilitados en décadas pasadas, particularmente durante el auge del discurso de la flexibilización laboral. Este artículo no busca repetir lo dicho, sino mirar con profundidad crítica lo que significa esta reforma: su contenido, sus límites, su promesa —y la encrucijada política que plantea.
Lo aprobado: puntos clave de la reforma
La propuesta, impulsada por la senadora Angélica Lozano, marca el inicio de una reconstrucción parcial del tejido laboral colombiano. Estos son los principales cambios ratificados:
Jornada nocturna desde las 7:00 p.m.
Este cambio corrige uno de los retrocesos más simbólicos introducidos en 2002. Ahora, trabajar después de las 7:00 p.m. será reconocido con el recargo correspondiente, sin excepciones para pequeñas empresas. Un acto de justicia para quienes trabajan cuando la ciudad duerme.
Recargos dominicales y festivos al 100%
De forma progresiva, los recargos por trabajo en días de descanso obligatorio llegarán al 100% en 2027. Más que un incremento salarial, es un reconocimiento del derecho al descanso y a la vida familiar.
Licencia de paternidad ampliada
Pasará de dos a cuatro semanas para 2026, lo que posiciona a Colombia por fin en sintonía con una visión moderna de la corresponsabilidad parental.
Contrato de aprendizaje con condiciones laborales
La figura de “aprendiz” dejará de ser una excusa para el subempleo juvenil. Con la reforma, se convierte en contrato laboral a término fijo con remuneración justa, beneficiando especialmente a aprendices del SENA.
Licencias de salud para mujeres y derechos colectivos
Se amplían licencias relacionadas con la salud femenina y se protegen espacios sindicales y de negociación colectiva, debilitados desde comienzos de los 2000.
¿corregir el pasado o administrar el presente?
En su esencia, esta reforma no es solo normativa. Es una respuesta al debilitamiento de los derechos laborales bajo gobiernos que priorizaron las estadísticas sobre la dignidad. La década de los 2000, con la llamada “flexibilización”, no trajo más empleo formal ni mejores condiciones. Lo que sí trajo fue la precarización silenciosa, la tercerización masiva y el silenciamiento del sindicalismo.
Por eso esta reforma no puede evaluarse solo en términos económicos. Debe leerse como una corrección política y moral, como una promesa de reconciliación del Estado con su clase trabajadora.
La responsabilidad de la plenaria: entre el capital y la conciencia
El paso ahora es decisivo: la reforma llegará a la plenaria del Senado, y el país observará si quienes legislan lo hacen por convicción democrática o conveniencia empresarial.
Porque lo cierto es que los trabajadores no votan en bloque, pero sí sienten en bloque. Si el Congreso falla en devolver los derechos básicos que les fueron arrebatados, el veredicto no será inmediato, pero llegará: en las urnas, en las calles, en la historia.
¿Consulta popular?: una advertencia política
Ante las incertidumbres que rodean la aprobación final, el presidente Petro ha mencionado la posibilidad de una consulta popular. No es solo una herramienta legal, sino una forma de decir: “si el Congreso falla, que hable el pueblo”.
Es un recurso audaz, sí. Pero también un reflejo de la desconfianza institucional: si el poder legislativo no actúa con sentido de Estado, la ciudadanía tendrá el deber de asumir el debate directamente.
El momento de definirse
La reforma laboral no cambiará la economía en un año, ni resolverá la informalidad de forma inmediata. Pero sí puede marcar un punto de inflexión ético: un retorno al principio básico de que el trabajo digno no se negocia.
El Senado tiene la palabra. Puede sumarse al esfuerzo de reparación o perpetuar la inequidad estructural. Si escoge lo segundo, el ciudadano de a pie —el trabajador— tomará nota. Y responderá, como lo hace quien ha sido ignorado demasiado tiempo: con memoria, con decisión, con voto.
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