Paz sin impunidad: La captura de miembros de “Los Shottas” abre un debate urgente sobre los límites del proceso con bandas criminales
Por Redacción editorial RMC Noticias, 13 de mayo de 2025
Buenaventura vuelve al centro del debate nacional, pero esta vez no solo por la violencia que aún desangra sus calles, sino por una pregunta que muchos en silencio ya venían formulando: ¿se puede negociar con quienes siguen delinquiendo? La respuesta parece cada vez más clara: no.
Cuatro integrantes de la estructura criminal Los Shottas fueron capturados esta semana en operativos del Plan de Choque liderado por las autoridades del Valle del Cauca. La noticia, que en otros contextos sería una simple cifra más, adquiere un matiz crítico al conocerse que dos de ellos hacían parte de la Mesa negociacines del paz, es decir, del espacio de interlocución entre el Gobierno Nacional y los actores armados urbanos de Buenaventura.
¿Voceros de paz o infiltrados criminales?
La gobernadora Dilian Francisca Toro lo confirmó con contundencia: "Dos de estas personas detenidas eran voceras en esa mesa y están hoy privadas de la libertad. Esto es muy importante para poder decir que los que quieren voluntad de paz, pues van a tenerla, y que los que generan los delitos van a ser capturados.”
Y ahí es donde se quiebra la narrativa fácil del diálogo sin condiciones. Porque no es posible construir confianza sobre la arena movediza de la doble moral. No es posible sentarse a la mesa mientras se sostiene un arma bajo ella.
El proceso con las bandas en Buenaventura no ha sido sencillo. Nació bajo la presión de un conflicto urbano inédito, con jóvenes atrapados entre la muerte y la criminalidad, y con una ciudadanía que lleva años exigiendo presencia integral del Estado. Pero cuando los mismos que se presentan como representantes de una “voluntad de paz” continúan delinquiendo, la legitimidad de esa mesa se derrumba como castillo de naipes.
No se puede negociar con quien no ha dejado de delinquir
Lo de Buenaventura no es un caso aislado. También esta semana, en Tuluá, cayeron dos integrantes del Frente 57 de las disidencias de las FARC, implicados en extorsiones a comerciantes y ganaderos. Uno de ellos, alias ‘Cristian’, tenía en su poder explosivos improvisados y armamento para intimidar a la comunidad.
Ambos casos muestran una línea común: los grupos armados siguen viendo al crimen como una opción mientras dialogan con el Estado. Eso no es paz, es chantaje disfrazado.
Paz real o paz retórica: el dilema que no se puede evitar
La experiencia colombiana ha demostrado que los procesos de paz exigen generosidad, pero también firmeza. Las condiciones mínimas no pueden seguir difuminándose bajo la promesa abstracta de una “transformación social” futura. La paz —como proyecto— necesita verdad, justicia y, sobre todo, coherencia de quienes dicen querer dejar atrás la violencia.
Negociar con estructuras armadas no es en sí mismo un error. Lo peligroso es legitimar a quienes no tienen voluntad real de dejar las armas. Porque cuando los procesos son usados como escudo para continuar delinquiendo, la negociación se convierte en complicidad institucional, y el Estado corre el riesgo de perder su autoridad moral.
El rol del Estado: garantías sí, impunidad no
El Estado debe seguir tendiendo puentes, pero sin dejar de lado su función esencial: proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos. Las capturas en Buenaventura y Tuluá, más allá del éxito operativo, deben servir para hacer una pausa y repensar los criterios de participación en los escenarios de diálogo.
¿Es viable seguir incluyendo en mesas de concertación a quienes, en paralelo, siguen ejerciendo el terror? La respuesta no puede seguir postergándose. La paz no se negocia con los fusiles aún calientes.
Buenaventura merece más que treguas a medias.
Merece una paz que no sea rehén del miedo ni rehén de los violentos.
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