Consejo de seguridad extraordinario deja mensajes claros, pero el reto va más allá de la presencia militar
Foto: Comunicaciones Gobernación del Valle del Cauca
Las cifras de violencia en Tuluá ya no conmueven, alarman. Y la urgencia por controlar la espiral de criminalidad llevó a que el municipio fuera epicentro de un nuevo consejo extraordinario de seguridad, esta vez con el eco de la Gobernación del Valle, la fuerza pública y la presión ciudadana respirando detrás de cada medida.
Entre las acciones más visibles: la activación de un fondo de recompensa de hasta $100 millones para dar con los responsables de recientes hechos delictivos, y la captura de cuatro miembros de la estructura criminal 'La Inmaculada'. Pero, más allá de los anuncios, lo que se discute en el trasfondo es la capacidad del Estado para garantizar la tranquilidad de una ciudad que no solo exige respuestas, sino también resultados sostenibles.
Recompensas millonarias, pero ¿y la confianza ciudadana?
El anuncio más fuerte del consejo lo hizo Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca: hasta $100 millones por información que conduzca a la captura de los responsables de los ataques recientes. Un gesto contundente, sí, pero que se enfrenta a una verdad incómoda: en territorios donde el miedo supera al deber cívico, no basta con prometer cifras altas, hay que garantizar anonimato, protección y respuesta rápida.
“No se trata solo de pagar por información. Se trata de reconstruir la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones”, podría decirse desde cualquier esquina de Tuluá. Porque en los barrios más golpeados por la violencia, colaborar no es una decisión moral, es un riesgo vital.
'La Inmaculada': cuatro capturados, muchas preguntas
Las capturas anunciadas por la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle, ponen nombre propio al enemigo invisible: cuatro presuntos integrantes de ‘La Inmaculada’, grupo que actúa con sigilo, pero con impacto letal.
Entre los detenidos, hay casos por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y extorsión. Delitos que revelan una estructura que no solo delinque, sino que administra miedo, economía y silencio en territorios vulnerables.
La medida de aseguramiento intramural para los capturados es una señal positiva, pero también un recordatorio: estas capturas deben ser el inicio de un proceso judicial serio y transparente, no una cifra que se desinfle con el paso de las semanas.
Ejército y Policía: despliegue conjunto y caravanas de seguridad
Las caravanas mixtas entre Ejército y Policía se mantendrán. Controles, requisas, y operativos en horarios estratégicos intentarán, al menos en el corto plazo, contener la percepción de inseguridad.
Pero la fórmula del control militar tiene límites conocidos. Las caravanas disuaden, sí. Pero no transforman la raíz del problema. La pregunta es: ¿qué viene después del despliegue? ¿Dónde están las estrategias de prevención, de inclusión, de justicia restaurativa?
Porque si bien la autoridad se expresa en uniformes, su legitimidad se construye con resultados duraderos.
El toque de queda como barrera temporal
El alcalde Gustavo Vélez anunció que el toque de queda se mantendrá, por ahora, entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. Es una medida pragmática y, en cierto sentido, simbólica: declarar la noche como territorio vedado para proteger vidas.
Pero cuando el orden solo puede garantizarse a través de restricciones, algo más profundo está fallando. El toque de queda no puede convertirse en una normalidad perpetua. Es un parche necesario, pero no una solución estructural.
Silencio o denuncia: el dilema de la ciudadanía
Las autoridades han reiterado el llamado a la comunidad: denunciar, colaborar, confiar. La línea 123 es el canal. La recompensa está activada. Pero lo que se pone a prueba no es la línea telefónica, sino la relación entre Estado y ciudadanía.
En territorios marcados por la violencia sistemática, la denuncia no es simplemente un acto cívico, es un acto de resistencia. Y para que esa resistencia tenga sentido, necesita un sistema que la respalde y la proteja, no solo en el discurso, sino en la práctica.
Un consejo de seguridad no resuelve, pero puede marcar el inicio
Los consejos de seguridad son eventos de alto contenido simbólico. Envuelven decisiones operativas, pero también escenifican el compromiso institucional. Sin embargo, en lugares como Tuluá, no basta con mostrar presencia: se requiere constancia, coherencia y profundidad.
La ciudadanía espera que esta vez no se repita la historia conocida: anuncios contundentes, operativos visibles, y semanas después, el silencio institucional.
Lo que está en juego no es solo la seguridad inmediata, sino la reconstrucción de un tejido social que ha sido deshilachado por el crimen, la desconfianza y la indiferencia estatal.
Tuluá necesita más que operativos, necesita reconstrucción
La captura de cuatro presuntos delincuentes y la promesa de una recompensa millonaria son noticias relevantes. Pero no suficientes. Lo que Tuluá reclama, en el fondo, es algo más complejo: que la seguridad no sea solo militar, sino social; no solo reactiva, sino preventiva.
La ciudadanía no necesita más anuncios. Necesita certezas. Y esas solo se construyen con presencia constante, justicia efectiva y una institucionalidad que no se retire cuando las cámaras se apagan.
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