Siete apuestas contra la exclusión: las cartas presidenciales de Iván Cepeda

Bogotá - 21 de Mayo del 2026. A escasos días de una contienda electoral que definirá el rumbo del país, el candidato a la Presidencia, Iván Cepeda, destapó en una rueda de prensa matutina las cartas más pesadas de su baraja política. El objetivo: presentar los siete programas para el bienestar social que vertebrarán el eje de su "segundo gobierno progresista". En Colombia, donde las promesas de campaña suelen evaporarse con la misma velocidad con la que se pronuncian, esta hoja de ruta busca responder qué, cómo y con qué dinero se enfrentará el histórico problema de la pobreza, marcando una línea roja frente al fantasma del estatismo que tanto inquieta a los mercados.

El fin del asistencialismo y el Estado emprendedor

Cepeda es tajante al intentar sacudirse el estigma del radicalismo económico. Su visión no pasa por ahogar la libre empresa, sino por redefinir el rol institucional. Inspirado en tesis contemporáneas, como las de la economista Mariana Mazzucato, propone un Estado con capacidad de ser innovador y emprendedor, distante del simple papel de observador pasivo o regulador del mercado.

"Nuestro programa no es estatista, no es de estatización de la economía; es un programa que estimula el crecimiento económico, la productividad y el emprendimiento", aclaró el candidato. El dardo político va directo al corazón de los gobiernos anteriores: en su perspectiva, los subsidios y el asistencialismo puro son un legado neoliberal obsoleto, diseñado para crear clientelas electorales y mantener a los pobres en la marginalidad. La propuesta consiste en reemplazar estas lógicas por esquemas de fomento productivo y asociatividad.

Los siete pilares de la chequera progresista

El plan, que proyecta un gasto adicional de 3 billones de pesos sin generar un impacto fiscal inmanejable, se divide en siete líneas de acción financiadas en parte por los excedentes petroleros y una poda drástica de intermediarios.

Pensiones, jóvenes y la transición productiva

La primera movida es ampliar el programa 'Colombia Mayor'. De 3,2 millones de beneficiarios actuales (que ya reciben un bono de 230.000 pesos), la meta es incorporar a un millón de adultos mayores adicionales que viven en pobreza extrema, con un costo estimado de 2 billones de pesos.

En el frente juvenil, la 'Renta Joven' busca cobijar a 400.000 jóvenes de zonas rurales y periferias urbanas. Esta transferencia, que oscilaría entre 800.000 y un millón de pesos mensuales, tendría un costo de 400.000 millones y se financiaría apalancando los recursos de bienestar universitario (Ley 30) y fortaleciendo el "Servicio Social para la Paz", una alternativa al servicio militar.

Sin embargo, el giro analítico más audaz está en la 'Renta Ciudadana'. El programa pasaría de 800.000 a 1,6 millones de beneficiarios, pero con una fecha de caducidad y transformación. Las familias recibirán 500.000 pesos bimestrales progresivamente condicionados a saltar hacia la productividad, respaldados por la creación de 200.000 microempresas familiares (50.000 por año) irrigadas con créditos flexibles. Es una declaratoria para quitarle a la banca tradicional el monopolio de la exclusión financiera de los más vulnerables.

Discapacidad y un salvavidas vital para líderes sociales

Dando cumplimiento a la Ley 2426 de 2025, el gobierno inyectaría 400.000 millones de pesos para entregar una renta básica a 400.000 niños y jóvenes de hasta 29 años en situación de discapacidad.

A esto se suma una medida que atiende una tragedia netamente colombiana: el asesinato sistemático de defensores de derechos humanos. Se crearía un programa de protección tasado en 120.000 millones de pesos, enfocado en otorgar un "salario vital" a 5.000 líderes sociales en zonas de alto riesgo. La brillantez táctica de esta medida radica en que no solo les brinda los recursos mínimos para huir en caso de amenaza, sino que institucionaliza su labor, vinculándolos a agencias del Estado como Findeter o la ANI para liderar obras de infraestructura local.

El golpe al cartel de la alimentación y útiles escolares

El sexto punto es un ataque directo a las venas por donde se desangra el erario. Cepeda anunció que redireccionará entre 6 y 6,5 billones de pesos correspondientes al Programa de Alimentación Escolar (PAE), compras de las Fuerzas Militares y del ICBF, para adquirir alimentos directamente a los campesinos y sus asociaciones. "Vamos a eliminar intermediarios para que la politiquería y la mafia no pueda poner sus manos sobre los recursos", sentenció, calificando los escándalos del PAE como una "corrupción criminal".

Finalmente, el séptimo eslabón consiste en entregar kits escolares a 2 millones de estudiantes de zonas rurales y periféricas, una inversión de 580.000 millones de pesos, de los cuales ya se tienen 200.000 millones identificados en fondos dispersos del Ministerio de Educación.

La matemática financiera y el pacto empresarial

Para despejar los temores de los mercados, la conclusión de su rueda de prensa dejó un anzuelo estratégico para el sector privado. Cepeda propone un modelo de "programas sociales por impuestos". En una inminente reunión con el Consejo Nacional Gremial, buscará concertar beneficios tributarios para aquellas empresas que decidan financiar parte de estos siete programas.

La propuesta de Iván Cepeda traza una línea divisoria clara en la política económica nacional. El desafío ya no es solo aritmético —demostrar que es posible ensanchar la inversión social con 3 billones adicionales sin quebrar el país— sino, ante todo, un reto de poder institucional. Plantear un Estado emprendedor que prescinda del asistencialismo es seductor, pero prometer el desmantelamiento de las redes de intermediación que históricamente han controlado multimillonarios contratos alimentarios, significa declararle la guerra a fuerzas políticas mafiosas enquistadas en las regiones. En Colombia, el papel lo aguanta todo; el verdadero veredicto estará en comprobar si la promesa de un bienestar cimentado en la productividad logra, por fin, desplazar al tradicional peaje de la corrupción.