12 preguntas que podrían redefinir los derechos del trabajo en el país
Redacción RMC Noticias / 11 de junio de 2025
En un acto político sin precedentes desde la Constitución del 91, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 639 del 2025, convocando a una consulta popular de orden nacional para el próximo 7 de agosto. Esta iniciativa pretende consultar directamente al pueblo colombiano sobre un paquete de reformas laborales que, hasta ahora, no lograron avanzar en el Congreso de la República.
La consulta se convierte en un escenario de confrontación institucional: por un lado, el Ejecutivo busca materializar transformaciones sustanciales en el modelo laboral colombiano; por el otro, el Congreso y sectores conservadores del país acusan al Gobierno de exceder sus competencias. Sin embargo, el presidente Petro ha invocado la “excepción de inconstitucionalidad”, contemplada en el artículo 4 de la Constitución, para justificar la inaplicación del concepto negativo emitido por el Senado en mayo pasado.
Lo que está en juego: las 12 preguntas clave
El contenido del decreto no deja espacio a ambigüedades: son doce preguntas, directas y contundentes, que abordan temas sensibles como la jornada laboral, la estabilidad en el empleo, la formalización del trabajo informal, la protección social, la tercerización y los derechos de los trabajadores rurales y de plataformas digitales. La consulta también contempla beneficios pensionales para campesinos y un régimen especial para micro y pequeñas empresas.
Esta batería de propuestas refleja una lectura crítica del panorama laboral actual. La pregunta es si el electorado colombiano estará dispuesto a respaldar un modelo de trabajo que prioriza los derechos sociales sobre la flexibilidad económica que defienden algunos sectores empresariales. Lo cierto es que el resultado de esta consulta marcará un precedente para futuras reformas en materia de justicia social.
Congreso vs. Presidencia: un pulso de legitimidades
El trasfondo político de esta consulta no puede ignorarse. El presidente ha dejado claro que solo retiraría el decreto si el Congreso aprueba una reforma laboral sustancial antes de la votación. Sin embargo, las dilaciones legislativas han frustrado reiteradamente el trámite de las reformas sociales impulsadas por el Gobierno. Esta consulta, por tanto, no solo busca respuestas jurídicas, sino también legitimar una agenda de transformación que ha sido resistida por los poderes tradicionales.
La convocatoria también revela una tensión institucional más profunda: la disputa entre el mandato popular del Ejecutivo y la legitimidad deliberativa del Congreso. ¿Debe el pueblo decidir directamente cuando los canales representativos fallan? Esta pregunta subyace en el fondo del debate, más allá de los temas laborales.
Participación y pedagogía: el reto del voto informado
El decreto establece que, desde su promulgación hasta el 6 de agosto, se podrán adelantar campañas a favor, en contra o por la abstención. Además, mandata al Ministerio del Interior y a las administraciones territoriales a implementar estrategias pedagógicas que garanticen el acceso a información clara y suficiente para la ciudadanía.
Este componente será crucial. En un país con bajos niveles de cultura política y alta desinformación, una consulta popular corre el riesgo de convertirse en un ejercicio simbólico o polarizado, más que en una decisión reflexiva. La pedagogía y la movilización ciudadana definirán la legitimidad y el alcance de este mecanismo de participación.
El control constitucional: siguiente parada clave
El decreto ya fue remitido a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre su viabilidad jurídica. Allí se evaluará si se cumplen los requisitos de forma y fondo, incluyendo la materia de consulta, su pertinencia y el respeto por los principios democráticos. La Corte tiene en sus manos la responsabilidad de garantizar que este ejercicio de democracia directa no desborde el orden constitucional, pero tampoco lo silencie bajo tecnicismos.
La jurisprudencia constitucional sobre mecanismos de participación ha sido ambigua en el pasado. Este caso, sin embargo, podría sentar doctrina sobre los límites del poder constituyente derivado ejercido por el Ejecutivo y los canales de expresión directa del pueblo soberano.
Más allá del debate jurídico: una pregunta de país
La consulta popular de Petro plantea algo más profundo que una disputa normativa. Es un llamado a imaginar colectivamente el país que queremos construir: ¿Uno en el que el trabajo sea visto como derecho humano, o como un costo más en la cadena de producción? ¿Un país que valora a sus campesinos, trabajadoras domésticas, jóvenes aprendices y repartidores digitales, o uno que perpetúa la precarización como norma?
Este debate debe darse con seriedad, respeto y fundamento. No se trata de un “plebiscito” sobre Petro, ni de una simple estrategia política. Es, en esencia, un espejo del alma laboral de Colombia. Y todos estamos llamados a responder.
Cuando el pueblo habla, la democracia se redefine
Desde este medio, defendemos el derecho de los pueblos a decidir. La democracia no puede limitarse al voto cada cuatro años. Celebramos que, ante la inacción legislativa, se abra un cauce de participación directa que reconozca la dignidad del trabajo como base de cualquier sociedad justa.
Sin embargo, también advertimos que la consulta no debe ser banalizada ni utilizada como instrumento de polarización. El reto está en convertir este proceso en un ejercicio pedagógico, deliberativo y profundamente democrático. No se trata solo de responder “sí” o “no”, sino de comprender qué Colombia queremos ser.
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