El Registrador Nacional advierte sobre la controversia constitucional en torno a la convocatoria de la consulta popular del 7 de agosto.
Foto : Prensa registraduría Nacional
La reciente controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la convocatoria de una consulta popular para el próximo 7 de agosto ha generado incertidumbre en torno a su viabilidad. Ante esta situación, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha señalado que corresponde a las altas cortes del país decidir sobre la legalidad de la convocatoria, subrayando la importancia de preservar el orden institucional y el principio democrático.
En un pronunciamiento reciente, Penagos enfatizó que la Registraduría Nacional es un órgano autónomo e independiente, sin superior funcional, cuya misión es garantizar la integridad del proceso electoral. Ante la evidente controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Registrador considera que lo procedente es que las altas cortes tomen la decisión que corresponda, evitando así una posible anarquía constitucional.
Acciones de la Registraduría
Mientras se espera el pronunciamiento de las altas cortes, la Registraduría Nacional ha decidido tomar varias medidas para asegurar la transparencia y legalidad del proceso. Entre ellas, se incluye la solicitud de concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la remisión de copia de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación, y la solicitud a las altas cortes para que se pronuncien ágil y oportunamente sobre las demandas interpuestas.
Implicaciones logísticas y financieras
Además de las consideraciones jurídicas, Penagos ha advertido sobre los desafíos logísticos y financieros que implicaría la realización de la consulta popular. Se estima que el costo de la consulta podría ascender a 750.000 millones de pesos, una cifra significativa que requiere una planificación detallada y recursos adecuados para su ejecución.
La importancia de la prudencia institucional
El Registrador Nacional ha subrayado que, en situaciones de controversia entre ramas del poder público, es esencial que los jueces sean quienes tomen las decisiones correspondientes. Actuar con prudencia y respetar el principio de separación de poderes es fundamental para mantener la estabilidad institucional y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas del país.
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