Nuevas infraestructuras militares y modernización policial buscan devolver la tranquilidad a la región
Nuevos batallones: una apuesta por la presencia militar territorial
La creación de estos batallones especializados en alta montaña responde a la necesidad de una presencia militar más activa y adaptada a la geografía del Valle. Según lo expresado por la gobernadora, se busca consolidar una gobernanza colaborativa que enfrente con mayor eficacia a los grupos delincuenciales que han intentado minar la estabilidad regional. La entrega del terreno en Jamundí está prevista para los próximos días, sumándose a la ya establecida instalación en La Paila, Sevilla, que ha logrado contener el éxodo de empresarios preocupados por la inseguridad.
Voces de gremios: respaldo con cautela y alerta por recortes presupuestales
Durante la asamblea, representantes del sector empresarial manifestaron su respaldo a las acciones del gobierno departamental, aunque no ocultaron su inquietud por la reducción del presupuesto nacional destinado a la fuerza pública. Martha Betancourt, directora de Procaña, destacó que los recortes superan los 900.000 millones de pesos, lo cual limita la capacidad de respuesta y la inversión en inteligencia y recursos operativos. Este panorama preocupa a los gremios que reconocen la urgencia de una seguridad robusta para sostener el desarrollo productivo.
Seguridad como base para la estabilidad alimentaria y económica
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), subrayó el vínculo estrecho entre seguridad física, jurídica y alimentaria. “Sin garantías en estos aspectos no hay estabilidad para el sector agrícola ni para las comunidades rurales”, afirmó. Bedoya criticó la debilidad presupuestal de las fuerzas militares y cuestionó decisiones como la inversión en consultas populares que podrían haberse destinado a fortalecer operaciones contra las disidencias armadas. Su llamado es a un trabajo conjunto entre instancias departamentales y nacionales para mejorar las condiciones de seguridad.
Inversión pública y privada: claves para una paz sostenible
El representante a la Cámara, Cristián Garcés, hizo énfasis en la necesidad de que la seguridad se acompañe de una inversión articulada entre lo público y privado, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para una paz real y duradera. Esta perspectiva refleja un consenso emergente que reconoce que la violencia no se supera solo con medidas coercitivas, sino también con desarrollo económico y social que fortalezca el tejido comunitario.
Obras por impuesto: un mecanismo para la seguridad y el bienestar rural
La gobernadora Dilian Francisca Toro hizo un llamado a los gremios para que continúen apoyando la región a través del programa de obras por impuesto, una herramienta que ha permitido canalizar recursos del sector privado hacia proyectos que impactan la seguridad, infraestructura y calidad de vida en zonas rurales. Esta estrategia busca complementar los esfuerzos estatales con el compromiso del sector productivo, fortaleciendo así una alianza estratégica para la estabilidad regional.
La seguridad en el Valle del Cauca exige más que infraestructuras
El anuncio de la entrega de terrenos para nuevos batallones y la modernización policial representan avances tangibles frente a una problemática compleja y de larga data. Sin embargo, la realidad invita a una reflexión profunda: la seguridad efectiva solo se logra cuando las acciones militares y policiales se integran con políticas públicas de desarrollo social, inversión en educación, salud y generación de empleo. La región debe evitar caer en soluciones parciales que mitiguen momentáneamente la violencia, pero no ataquen sus raíces. Es indispensable que el Gobierno Nacional amplíe su respaldo presupuestal y estratégico, y que el sector privado siga comprometiéndose con la construcción de una paz sostenible y justa para todos los vallecaucanos.
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