La decisión judicial que enfrenta al expresidente Álvaro Uribe con la verdad judicial revive tensiones políticas internas y externas
Imagen: Pantallazo de video en redes sociales
Bogotá – julio 28 de 2025.
Un fallo judicial que reconfigura el tablero político
La decisión de una jueza colombiana de llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal ha reconfigurado el mapa judicial y político del país. En un entorno históricamente marcado por la impunidad de las élites, el avance del caso representa un punto de inflexión. La jueza Sandra Heredia concluyó que existen elementos probatorios suficientes para que el exmandatario enfrente un juicio oral, lo que ha generado tanto respaldo como rechazo en distintos sectores de la sociedad.
¿Puede ir a prisión un expresidente? Un debate más vigente que nunca
Aunque el fallo aún no equivale a una condena, sí habilita un proceso judicial que podría, en caso de culpabilidad, derivar en una pena de cárcel. Según el Código Penal colombiano, los delitos por los que se acusa a Uribe contemplan sanciones que superan los seis años de prisión. El caso, que inició en la Corte Suprema y pasó a la Fiscalía tras la renuncia del expresidente al Senado, ha sido criticado por sus cambios de escenario jurídico. No obstante, el avance del proceso actual parece haber devuelto cierto grado de confianza en la independencia judicial.
Presiones internacionales: apoyo a Uribe desde el Congreso de EE. UU.
El caso ha tenido repercusión más allá de las fronteras. A mediados de julio, un grupo de congresistas estadounidenses —principalmente republicanos— emitió una carta expresando apoyo al expresidente Uribe. En el documento, se cuestiona la legitimidad del proceso y se pide al gobierno de Donald trump evaluar posibles sanciones, aludiendo a supuestas persecuciones políticas, en paralelo a lo ocurrido con Lula da Silva en Brasil. La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar: “Colombia no se chantajea”, sentenció, defendiendo la autonomía judicial frente a presiones externas.
Polarización interna: justicia o persecución, según el lente ideológico
En Colombia, las reacciones han sido polarizadas. Para el Centro Democrático y simpatizantes del uribismo, el fallo representa una vendetta judicial orquestada por sectores políticos contrarios. Por otro lado, diversas organizaciones sociales y expertos constitucionalistas ven el proceso como un hito necesario para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Una encuesta de Cifras & Conceptos publicada en junio de 2025 indica que el 46% de los colombianos cree que Uribe debe ser juzgado como cualquier ciudadano, mientras el 41% piensa que es víctima de una persecución política.
El poder judicial a prueba: independencia, confianza y legitimidad
Este caso se convierte en una prueba de fuego para la institucionalidad colombiana. Durante años, la justicia ha sido percibida como débil frente a los intereses políticos. Hoy, el desafío es doble: mantener la imparcialidad del proceso y resistir tanto la presión nacional como la injerencia extranjera. La jueza Heredia ha subrayado la solidez de las pruebas documentales y testimoniales que sustentan su decisión. Mientras tanto, organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) y De justicia han llamado a la ciudadanía a vigilar con atención el desarrollo del juicio.
Lecciones regionales: entre Lula, Fujimori y Kirchner
El caso Uribe no ocurre en un vacío. En América Latina, varios expresidentes han enfrentado la justicia, con desenlaces diversos. Lula da Silva fue condenado y posteriormente absuelto, mientras Alberto Fujimori cumple condena en Perú y Cristina Fernández de Kirchner ha sido procesada sin perder protagonismo político. Estos antecedentes evidencian que la rendición de cuentas a exmandatarios puede fortalecer —o debilitar— la democracia, dependiendo de la integridad del proceso y de la narrativa pública que lo acompañe.
La democracia se prueba en sus momentos más incómodos
Este medio considera que el proceso judicial contra Álvaro Uribe es una oportunidad para consolidar la credibilidad del Estado colombiano. No se trata de una victoria para ningún sector político, sino de una prueba de madurez institucional. La verdadera democracia no se mide solo por el resultado de las elecciones, sino por la capacidad de sus instituciones para actuar con independencia, incluso frente a sus figuras más influyentes. Invitar al debate no es una amenaza, y exigir justicia no debe confundirse con venganza. La pregunta que deja este episodio es simple, pero profunda: ¿puede la justicia avanzar sin mirar a quién juzga?
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