Las operaciones conjuntas del Ejército y la Policía golpean las rutas hacia el Caribe, pero el desafío estructural persiste
Redacción de RMC Noticias
Nariño y Caquetá, agosto de 2025 — Mientras las disputas criminales por el control del narcotráfico se intensifican en los corredores estratégicos del suroccidente colombiano, las fuerzas del Estado ejecutaron esta semana dos operaciones que suman más de 2.2 toneladas de droga incautada. La primera, en la vereda Alto del Rosario (Potosí, Nariño), desmanteló un laboratorio clandestino con más de 1.100 kilos de clorhidrato de cocaína, mientras que la segunda interceptó 1.140 kilos de marihuana sobre la vía Florencia–El Pórtico, en Caquetá. Ambos cargamentos tenían como destino rutas internacionales.
Cocaína con marca registrada y ruta hacia el Caribe
Las autoridades confirmaron que la cocaína incautada llevaba etiquetas con las palabras “Piel Roja” y “Rolex”, nombres que aluden a estructuras que marcan territorio, como si se tratara de mercancía de lujo. La droga, según fuentes del Ejército, pertenecía a la organización Comandos de Frontera, que opera entre Putumayo y el Pacífico. Su destino final: el mar, con paso directo hacia Centroamérica y las islas del Caribe. Lo incautado también incluía 345 galones de droga en solución y 150 kilogramos de insumos sólidos, lo que evidencia la dimensión industrial del complejo intervenido.
En la región de Nariño, los laboratorios no son improvisaciones. Son centros logísticos conectados por rutas que cruzan selvas, ríos y costas, operados bajo la lógica del mercado y protegidos por redes armadas que lucran del abandono estatal y la desesperanza rural. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó en su cuenta de X que este resultado fue “fruto de la inteligencia, la constancia y la unión de nuestras Fuerzas”.
Marihuana en movimiento: otra ruta, mismo negocio
En el departamento de Caquetá, la carretera entre Florencia y El Pórtico fue escenario de otra incautación relevante. Tropas del Ejército capturaron a un presunto integrante del grupo armado vinculado al cartel de alias Iván Mordisco, cabecilla de una disidencia de las FARC, con más de una tonelada de marihuana tipo creepy. El alijo estaba listo para su distribución en centros urbanos del país, según informes militares.
La operación no solo detuvo el cargamento, sino que, como subrayó el ministro Sánchez, impacta directamente las “finanzas ilícitas del narcotráfico”, que alimentan circuitos de violencia en zonas urbanas y rurales. Este tipo de acciones reafirman que el negocio de la droga no se limita a los cultivos: comienza allí, pero se sostiene gracias a redes logísticas, contactos internacionales y circuitos de lavado que siguen vigentes.
Entre golpes tácticos y una guerra de largo aliento
Aunque las cifras reflejan un golpe importante, también revelan un patrón: la persistencia del modelo narco como estructura económica regional. En Nariño, donde conviven al menos seis grupos armados, los cultivos de coca se han multiplicado en zonas donde la sustitución es aún una promesa incumplida. En Caquetá, la marihuana circula en caravanas disfrazadas de transporte legal, protegida por armas, pactos y miedo.
Las operaciones actuales, aunque efectivas, deben leerse como acciones tácticas en un conflicto que necesita una estrategia integral. La eliminación de laboratorios no interrumpe el mercado: lo encarece. Y mientras la inversión social no supere la inversión en represión, la producción encontrará nuevos caminos, nuevas marcas, nuevos dueños.
La droga se incauta, pero el problema se siembra
La incautación de más de dos toneladas de droga en dos regiones estratégicas no es una victoria menor, pero tampoco debe celebrarse como un punto de llegada. Colombia ha probado durante décadas que los golpes contra la oferta no bastan cuando el problema es estructural. Aplaudir sin pensar es anestesiar la urgencia.
Lo incautado esta semana representa el resultado visible de una cadena invisible: ausencia estatal, crisis agraria, corrupción institucional y mercados globales que nunca dejan de comprar. Por cada kilo incautado, hay otros tantos que llegan a su destino. Y por cada laboratorio destruido, hay un campesino sin alternativa y un grupo armado listo para reconstruir.
El Estado debe decidir si quiere seguir contando toneladas o comenzar a reducir las causas. Porque si bien es cierto que no hay tregua para los narcotraficantes, también es cierto que sin justicia social, ellos seguirán teniendo razones para quedarse.
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