Corrupción disfrazada de administración, un caso que expone las grietas profundas del sistema de salud colombiano
Redacción de RMC Noticias
Bogotá, agosto de 2025 — El sistema de salud colombiano vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez, el escándalo gira en torno a la Nueva EPS, una de las entidades más grandes del país, señalada por una presunta desviación de fondos públicos que bordea el millar de millones de pesos. La Procuraduría General formuló cargos contra su expresidente ejecutivo, José Fernando Cardona Uribe, por la supuesta autorización de un “plan de ahorro voluntario” con dineros que, legalmente, debían destinarse exclusivamente al aseguramiento en salud. Lo que debió ser un uso protegido terminó, según los órganos de control, camuflado como gasto administrativo.
¿Plan Semilla o estrategia de desvío?
La figura que detonó el escándalo fue el denominado “Plan Semilla”, una estrategia interna de ahorro supuestamente voluntario, financiada con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este rubro, pagado por el Estado, debe destinarse única y exclusivamente a cubrir las atenciones en salud de los afiliados. Pero, de acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, Cardona habría usado más de $1.000 millones de esos recursos para fines administrativos, rompiendo la legalidad vigente y el principio de destinación específica de fondos públicos.
Más grave aún es la sospecha de que estos movimientos financieros no fueron errores técnicos ni simples desvíos contables, sino parte de un entramado de financiación política, como lo denunció públicamente el presidente Gustavo Petro. En su cuenta de X, el mandatario afirmó: “Creo que la Nueva EPS fue saqueada, aprovechando que la mitad de la entidad era de carácter público”, sugiriendo un uso partidista de los recursos de salud.
La salud como botín político
La gravedad del caso no se limita al monto. La Nueva EPS no solo es una de las más grandes del país, también gestiona servicios para millones de afiliados del régimen subsidiado y contributivo. Su composición mixta, con participación estatal, la convierte en un objetivo sensible para intereses privados y políticos. Según fuentes cercanas a la entidad, consultadas por medios nacionales, el Plan Semilla habría contado con aval interno sin revisión suficiente de los órganos de vigilancia ni del Ministerio de Salud en su momento.
Esta permisividad revela un patrón estructural: cuando lo público se mezcla con lo privado sin controles rigurosos, el resultado suele ser opaco. A esto se suma la dificultad histórica de garantizar transparencia dentro del sistema de salud, donde muchas EPS han sido liquidadas por manejos irregulares, y donde la rendición de cuentas rara vez llega a las sanciones efectivas. El caso de Cardona podría convertirse en uno de los pocos en los que un alto ejecutivo enfrenta consecuencias por decisiones que afectaron directamente la salud pública.
¿Quién responde por lo que ya se perdió?
Que la Procuraduría haya calificado la falta como "gravísima" no borra el daño ya hecho. Millones de pesos que debieron pagar tratamientos, exámenes o medicamentos probablemente terminaron en instrumentos financieros sin beneficio alguno para los pacientes. La corrupción en salud no es solo un delito administrativo: es una traición directa al derecho a vivir dignamente.
Este escándalo no puede cerrarse con una sanción disciplinaria ni con un comunicado. El sistema de salud necesita algo más que ajustes técnicos o promesas de vigilancia: requiere blindarse de intereses electorales, fortalecer los controles cruzados y redefinir la gestión del dinero público en salud. Mientras no se castigue con contundencia el saqueo, y mientras no se reconozca la salud como un bien común no negociable, los ciudadanos seguirán pagando con su vida los errores y excesos de quienes ven en lo público una caja menor.
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