Dilian Francisca Toro convoca desde Cali una alianza de gobernadores y alcaldes para exigir soluciones reales al Gobierno Nacional
Redacción de RMC Noticias/
Santiago de Cali, 11 de septiembre de 2025 — Cuando la violencia no da tregua y el Estado parece ausente en muchas regiones del país, la propuesta de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, emerge no solo como una iniciativa política, sino como un acto de urgencia colectiva: realizar una cumbre de gobernadores y alcaldes en Cali para construir, desde las regiones, una respuesta nacional ante la crisis de seguridad que se agrava en el Pacífico y otras zonas vulnerables.
Una propuesta que nace desde los territorios
El anuncio fue hecho durante la reciente Cumbre de Gobernadores en Quibdó, donde mandatarios departamentales alzaron la voz para exigir al Gobierno Nacional un papel más activo y coordinado. La mandataria vallecaucana planteó que la reunión en Cali se realice en octubre, con el objetivo de unificar criterios y presentar un manifiesto nacional de seguridad, redactado desde las realidades locales, no desde la distancia de los despachos en Bogotá.
“Queremos que se escuche lo que piensan y necesitan nuestras comunidades, no lo que se decide desde un escritorio sin conocer el terreno”, dijo Toro. Y detrás de esa frase, se esconde una verdad incómoda: la desconexión entre las prioridades del Ejecutivo y las urgencias de los territorios.
El Pacífico colombiano, una región bajo asedio
La propuesta no es casual ni retórica. Según el informe de agosto de 2025 del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), más de 80 municipios del litoral Pacífico presentan presencia de actores armados ilegales, entre ellos disidencias, bandas narco-paramilitares y estructuras residuales del ELN. Las cifras de homicidios, desplazamientos y reclutamiento forzado de menores no han disminuido, pese a los múltiples anuncios de paz total.
La Gobernadora fue clara: “Estamos haciendo lo posible desde los departamentos, pero necesitamos articulación real. No pedimos respaldo para nosotros como dirigentes, lo pedimos para nuestra gente, que hoy vive con miedo”. Una afirmación que no apunta a confrontar al Gobierno, sino a exigirle responsabilidad sin eufemismos.
Cali como eje estratégico del debate
Escoger a Cali como sede de esta posible cumbre no es un gesto simbólico: es una decisión política con peso territorial. La capital vallecaucana es hoy epicentro de múltiples crisis —violencia urbana, bandas transnacionales, migración desbordada—, pero también representa el potencial de articular un liderazgo regional que trascienda los límites administrativos.
La intención es convertir esta cumbre en un espacio de producción de propuestas, pero también de presión legítima y coordinada. Una especie de contrapeso regional frente a un centralismo que ha demostrado no saber leer las alarmas del país profundo.
Gobernabilidad y seguridad: un dilema sin resolver
La paradoja es clara: las regiones enfrentan responsabilidades crecientes en seguridad sin contar con herramientas proporcionales. Planes de contención con presupuestos limitados, decisiones nacionales sin consulta previa, e inestabilidad en los esquemas de mando local han desbordado la capacidad operativa de muchas gobernaciones y alcaldías.
Por eso, la propuesta de Toro no puede ser reducida a una simple cumbre: es, en realidad, una demanda de redistribución del poder y de las responsabilidades, un intento de reclamar un modelo de gobernanza más horizontal, más cooperativo y más eficaz.
Las cifras que no admiten más dilaciones
Un análisis de la Fundación Ideas para la Paz revela que en el primer semestre de 2025, el 52 % de los homicidios en el país se concentraron en solo cinco departamentos: Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Nariño y Antioquia. La mayoría de estos crímenes no se esclarece. La impunidad, como siempre, profundiza el daño.
El 61 % de los alcaldes en zonas de alto riesgo han denunciado falta de apoyo estatal para implementar sus planes de seguridad y convivencia. A este ritmo, la desconexión entre lo que se planifica desde Bogotá y lo que se necesita en el terreno solo puede derivar en más fracturas institucionales.
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