Una reforma tributaria que, según líderes regionales, podría golpear el corazón de las finanzas territoriales
Para la mandataria, esta medida no solo tendrá efectos económicos inmediatos, sino que podría abrirle la puerta a un incremento del contrabando y, con ello, a una peligrosa reducción de las rentas departamentales. “Eso sería súper inconveniente para nosotros… las rentas van a disminuir, vamos a tener menos posibilidades los departamentos de poder darle la salud, la educación y el deporte a nuestros ciudadanos”, advirtió.
Suben los impuestos, bajan los ingresos: una ecuación que no cuadra
La propuesta plantea un aumento significativo del impuesto específico por botella de licor, que pasaría de $343 a $750. En teoría, un mayor impuesto debería traducirse en mayores recursos. Sin embargo, en la práctica, los departamentos ven con preocupación otro fenómeno: el alza de precios estimula el contrabando, reduciendo la venta legal de estos productos, y por ende, los ingresos que financian servicios públicos esenciales.
“El aguardiente es uno de los productos más golpeados por el contrabando. Si se eleva el precio, simplemente se va a vender menos. Y si se vende menos, hay menos ingresos. Esto se traduce directamente en menos inversión social”, aseguró la Gobernadora.
La situación no es menor. Actualmente, el 36% del aguardiente en circulación es ilegal, según cifras citadas por Toro. En el caso del cigarrillo, la cifra asciende al 40%, lo que revela una economía informal profundamente enraizada, difícil de controlar y cada vez más favorecida por medidas que encarecen el producto legal.
¿Quién se queda con los recursos?
Otro de los puntos críticos denunciados por la mandataria vallecaucana es el cambio en la administración de los recursos provenientes de estos impuestos. Según la reforma, los dineros pasarían a ser gestionados por el Gobierno nacional, en vez de llegar directamente a los departamentos, como ocurre actualmente.
“Están aumentando los impuestos, pero para que los recursos entren al Gobierno nacional, y resulta que esos recursos constitucionalmente le pertenecen a los departamentos”, enfatizó Toro, en una crítica que resuena con otros líderes regionales.
Para el Valle del Cauca, este no es un debate menor: la Industria de Licores del Valle representa una de las principales fuentes de financiación para programas sociales, culturales y deportivos. La pérdida o reducción de estas transferencias podría desequilibrar múltiples planes de desarrollo y golpear de lleno a las poblaciones más vulnerables.
El dilema de la salud pública vs. la sostenibilidad regional
Uno de los argumentos centrales del Gobierno para impulsar este tipo de impuestos tiene que ver con la salud pública. Desincentivar el consumo de licor y cigarrillos a través del aumento de precios ha sido una estrategia respaldada por organismos internacionales. Sin embargo, el dilema está servido: ¿cómo se equilibra la protección de la salud con la sostenibilidad fiscal de los territorios?
Para muchos mandatarios locales, la fórmula actual no funciona. “No estamos en contra de mejorar la salud pública. Lo que estamos pidiendo es que no se nos quiten las herramientas para sostener nuestros programas sociales”, insistió Toro.
¿Una reforma sin mirada territorial?
Detrás del debate fiscal hay una preocupación más profunda: la centralización de recursos en un país que constitucionalmente se define como descentralizado. Para las regiones, el mensaje que deja esta reforma es claro: las decisiones se toman desde Bogotá, pero se sienten en los territorios. Y no siempre a favor de sus comunidades.
En medio de un escenario económico ya tensionado, con altos índices de informalidad y pobreza, el riesgo de desfinanciar servicios esenciales como salud y educación podría generar retrocesos graves, especialmente en departamentos donde los ingresos derivados del licor y el tabaco representan un porcentaje significativo del presupuesto.
Lo que está en juego
No se trata simplemente de licores o cigarrillos. Lo que está en juego son los pilares de la inversión social en los departamentos. Si las reformas fiscales no tienen una mirada integral que considere la realidad territorial, pueden convertirse en mecanismos que agravan las desigualdades en lugar de resolverlas.
La advertencia de la gobernadora del Valle no es solo un llamado político: es un síntoma de una desconexión creciente entre el centro del poder y las necesidades de las regiones. Y en un país marcado por la diversidad y la desigualdad, ignorar esa brecha puede ser más costoso que cualquier impuesto.
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