Por: Paulina Arango M
En Colombia, cuando el Estado no decide, el país retrocede. Y en el caso del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, el silencio administrativo está costando más que tiempo: está costando empleo, inversión, competitividad y dignidad regional.
Hoy, con la no adjudicación de la nueva concesión, más de $4.3 billones están en el limbo. No es una cifra simbólica. Es el reflejo de un proyecto estructurado, aprobado, financiado por la iniciativa privada, que lleva meses esperando una señal clara de un Gobierno que, mientras clama por descentralización y desarrollo regional, lo posterga con su inacción.
Palmira podría perder cerca de $2 billones en 30 años, recursos que bien podrían impulsar obras viales, movilidad sostenible o educación técnica. Y no olvidemos los 34.000 empleos que están en riesgo por falta de visión institucional. Porque cuando se pone en pausa una infraestructura crítica, no se afecta solo una pista o una torre de control: se compromete el futuro de miles de familias.
El presidente de la Cámara, Julián David López, lo dijo con claridad: esta no es solo una pelea por una licitación, es una defensa por el patrimonio colectivo del Valle. No es una discusión técnica, sino política y moral. El aeropuerto no puede seguir dependiendo de un operador provisional sin músculo, sin horizonte, sin estrategia. La Aerocivil no tiene la capacidad —ni debe tener la carga— de operar una terminal internacional que aspira a mover 15 millones de pasajeros en dos décadas.
Palmira no puede seguir pagando los costos de la indecisión bogotana. El Valle del Cauca merece un operador fuerte, transparente y comprometido con la expansión de una infraestructura que no es solo punto de entrada o salida, sino núcleo del desarrollo económico de la región.
¿Hasta cuándo seguiremos aceptando que las oportunidades se pierdan por lentitud burocrática? ¿Cuántas regiones más deben ver cómo sus proyectos estratégicos quedan enredados en escritorios y cronogramas que nunca se cumplen?
Este no es solo un llamado a adjudicar una concesión. Es un llamado a gobernar con responsabilidad. A entender que las regiones no pueden seguir dependiendo del vaivén de la agenda nacional. Y a recordar que, a veces, no hacer nada también es una forma de fallar.
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