Tasa de Seguridad: la herramienta regional que protege, mientras el Estado central permanece ausencia
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Redacción RMC Noticias
Seguridad sin retórica
Santiago de Cali, octubre 19 de 2025. Mientras la seguridad nacional se diluye entre discursos de reconciliación fallida y negociaciones sin consecuencias, en el Valle del Cauca los resultados no dependen del eslogan de turno, sino de una política concreta: la Tasa de Seguridad. En una Colombia donde las regiones suelen cargar con el vacío del Estado, este modelo fiscal no solo representa una respuesta, sino una declaración de soberanía ciudadana frente a la desprotección.
La inversión ciudadana que se convirtió en escudo
Desde su implementación en 2017, la Tasa de Seguridad ha canalizado más de $212 mil millones en infraestructura, inteligencia, logística, tecnología y acción táctica. Este impuesto, financiado por ciudadanos de estratos 4, 5 y 6 y por sectores comerciales e industriales, se convirtió en una fuente paralela de soberanía en seguridad, una que no espera la voluntad política nacional para actuar. En este cuatrienio, ya se proyectan más de $170 mil millones adicionales en inversiones estratégicas.
Resultados concretos, no promesas
Las cifras son contundentes: 150 capturas de los delincuentes más buscados entre 2024 y 2025; 28 ataques con drones neutralizados por sistemas adquiridos con esta tasa; 131 cámaras de videovigilancia, 38 vehículos, 950 chalecos antibalas y 300 motocicletas distribuidos en puntos críticos del departamento. Esta inversión no se traduce en promesas: se traduce en vidas protegidas, territorios recuperados y confianza ciudadana en recuperación.
Mientras la paz se negocia, la violencia avanza
La denominada “Paz Total” ha dejado, en territorios como el Valle, más armas que acuerdos. El cese al fuego con grupos al margen de la ley, lejos de pacificar, les brindó el tiempo necesario para rearmarse y avanzar. Así lo denunció la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien ha afirmado con contundencia que el Estado central no llegó a tiempo, y que ha sido la Tasa de Seguridad la que ha financiado incluso los escudos tecnológicos contra estos nuevos frentes violentos, como los drones explosivos o el narcotráfico en altamar.
Infraestructura con propósito: no solo cemento, sino control territorial
No se trata solo de patrullas y armas. La Tasa ha permitido construir y fortalecer batallones en Jamundí, Paila Arriba y Barragán; estaciones policiales en Cali; y, sobre todo, un cerebro logístico: el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES) en Buga, que monitorea 29 municipios en tiempo real. La vigilancia se ha profesionalizado. El control territorial ya no es un ideal, sino un proceso tangible y en expansión.
Seguridad con rostro social
La estrategia no se limita a lo militar. Programas como “Fuerza Joven por el Valle” integran a 2.000 jóvenes al servicio militar con apoyo económico y acompañamiento psicosocial, dando una salida real al reclutamiento por parte de estructuras ilegales. En paralelo, los corredores seguros, el monitoreo ambiental y el combate a la minería ilegal en zonas protegidas muestran que seguridad también significa proteger ecosistemas, comunidades y economías legales.
Un modelo que interpela al país
El Valle del Cauca no está improvisando: está llenando el vacío que el Gobierno Nacional ha dejado. Y aunque esta respuesta regional ha mostrado resultados concretos, no puede ni debe ser un reemplazo permanente del deber estatal. Porque la seguridad no puede depender solo de la voluntad local ni del bolsillo de los contribuyentes regionales. Lo que hoy el Valle demuestra es una lección dura: cuando la nación falla, las regiones no pueden esperar; deben actuar o ser arrasadas.
Es hora de preguntarse si el resto del país está observando con la seriedad que esto amerita. La Tasa de Seguridad no es solo un impuesto: es un llamado de alerta. Uno que dice, con hechos, que el abandono institucional también mata. Y que ante la indiferencia, solo queda organizarse, resistir y protegernos entre nosotros.
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