Cuando se cambian las reglas del juego en plena competencia, no hay retirada: hay señal de alarma. Lo que ocurrió con Daniel Quintero no es solo un movimiento individual, sino un espejo que incomoda al Pacto Histórico
Imagen : Pantallazo de portal
Por : Paulina Arango M
Santiago de Cali, octubre 15 de 2025. El retiro de Daniel Quintero de la consulta presidencial del Pacto Histórico no puede leerse solo como una decisión personal o una jugada táctica. Es, sobre todo, una advertencia de fondo sobre la fragilidad institucional del progresismo colombiano. Cuando un candidato —con estructura propia, visibilidad nacional y ambición política— decide apartarse a tan pocos días de la votación, lo que se rompe no es solo su aspiración, sino la promesa de una democracia interna sólida y coherente.
En un país donde los partidos tradicionales han normalizado el clientelismo y el caudillismo, el Pacto Histórico llegó con la bandera del cambio. Pero esa bandera, al menos en este proceso, ondea con hilos flojos. Las denuncias de Quintero sobre modificaciones de última hora en las reglas del juego no pueden ser ignoradas ni reducidas a “ruido interno”. Hablan de un modelo que parece no haber entendido que la legitimidad del poder también se construye desde el método, no solo desde el discurso.
El progresismo no puede permitirse el lujo de parecerse a aquello que vino a reemplazar. Si su fuerza está en la ética, en la participación ciudadana y en la inclusión de voces diversas, entonces los mecanismos que estructuran su liderazgo deben estar a la altura. No puede hablarse de un proyecto transformador cuando sus procesos internos se resuelven con opacidad, improvisación o exclusión. Y es justamente eso lo que el retiro de Quintero pone en evidencia.
Pero más allá del impacto político, hay un costo concreto que ya está pagando el país. Según denuncias públicas de concejales como Alejandro de Bedout y Daniel Briceño, la salida tardía de Quintero podría significar un posible detrimento patrimonial superior a los 123.000 millones de pesos. La cifra, respaldada por contratos firmados por la Registraduría como el Adicional No. 069 de 2025, incluye logística electoral, impresión de tarjetones, software, transporte y demás servicios operativos ya contratados. De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, si un precandidato se retira luego de formalizado el proceso, él y su partido podrían estar obligados a asumir parte del costo público. A esto se suman preocupaciones por el desperdicio de recursos en caso de que la consulta se suspenda o se modifique. Un daño doble: a la confianza ciudadana y al erario público.
El exalcalde de Medellín representaba una corriente incómoda dentro del progresismo: disruptiva, regional, autónoma. No siempre caía bien a la izquierda más tradicional ni al petrismo más ortodoxo. Pero su presencia obligaba a ensanchar el debate. Sin él en la consulta, el espacio se reduce y el consenso, en lugar de construirse, se impone. Una consulta con solo dos nombres, sin competencia real, sin deliberación pública visible, deja de ser un mecanismo democrático para convertirse en un trámite.
Desde esta columna, no defendemos ni atacamos la figura de Quintero. Lo que defendemos —y exigimos— es la necesidad de una democracia progresista que comience por su propio ejemplo. Si el cambio no empieza por casa, se convierte en promesa vacía. El retiro de un candidato debería ser un episodio más en una competencia robusta. Pero cuando ese retiro se siente como una advertencia mayor —y, además, una carga fiscal para el Estado—, algo no está funcionando.
La izquierda no puede fallarse a sí misma en momentos clave. Porque si fracasa en el método, también fracasa en la esperanza que promete. Y Colombia, hoy, no necesita más frustraciones. Necesita liderazgos que no solo ganen elecciones, sino que sepan construirlas con legitimidad, ética y responsabilidad fiscal.
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