Una toma que reabre el debate sobre la responsabilidad estatal y el manejo social del conflicto
Foto : Comunicaciones Gobernación del Valle
Entre la protesta legítima y la interrupción de lo público
De acuerdo con Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el bloqueo fue abrupto y afectó tanto a ciudadanos como a funcionarios que se encontraban realizando trámites. Desde una perspectiva crítica, este hecho revela la tensión estructural que enfrenta cualquier entidad pública: ¿cómo garantizar el derecho a la protesta sin sacrificar el derecho de otros a la movilidad, al trabajo y al acceso a servicios esenciales? La Gobernación insiste en que respeta la manifestación, pero también reconoce que restringir el ingreso a un edificio público distorsiona la naturaleza del reclamo y rompe el equilibrio entre libertades.
Evacuación preventiva: un síntoma de un conflicto más profundo
La evacuación del edificio fue presentada como una medida preventiva, pero también es un recordatorio de la fragilidad institucional cuando actores sociales recurren a presiones físicas para ser escuchados. El llamado del secretario Londoño a respetar las labores de quienes no participan en la protesta evidencia un sentimiento compartido por muchos ciudadanos: la inconformidad es válida, pero el método no debería violentar el espacio público ni impedir la vida cotidiana. En ese choque entre necesidad y estrategia, la protesta pierde parte de su potencia ética y gana terreno la percepción de caos.Un PMU para contener, dialogar y evitar el escalamiento
Siguiendo instrucciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro, se instaló un PMU con presencia de fuerza pública y Ministerio Público. Aunque esta respuesta parece mecánica —una fórmula repetida en cada conflicto—, también muestra una voluntad de evitar la confrontación directa. Los manifestantes instalaron carpas en la plazoleta de San Francisco, reclamando tierras que, según ellos, deben ser adjudicadas por entidades nacionales como la Agencia de Tierras y la SAE. La Gobernación insiste en que no tiene compromisos pendientes con la Minga de Cali, pero admite su disposición a facilitar gestiones. Esta aclaración, más política que técnica, subraya un problema estructural: las entidades locales terminan recibiendo reclamos por omisiones que no les competen.
El vacío nacional vuelve al territorio: quién responde por la tierra
El Gobierno departamental volvió a solicitar la presencia de los voceros del Gobierno nacional responsables de la reforma agraria. Esta petición no es menor. Hace apenas unos días, el 20 de noviembre, la Gobernadora reunió a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes para reclamar que la asignación de tierras priorice al Valle, donde —según denuncian— se entregan menos predios que en otros departamentos. En este contexto, la protesta frente a la Gobernación no solo es un acto de presión: también es la manifestación de un malestar que lleva años acumulándose, mientras las decisiones del nivel central avanzan con lentitud o incoherencia.
Derechos cruzados: protesta, institucionalidad y vida diaria
La Gobernación insiste en que el llamado es simple pero urgente: que las entidades competentes acompañen el proceso y eviten que el conflicto recaiga sobre quienes no protestan. Esta postura refleja la tensión entre las agendas nacionales y locales, donde las autoridades territoriales terminan gestionando problemas que no originaron y sin herramientas suficientes para resolverlos. Para la ciudadanía, el mensaje es claro: la protesta es legítima, pero no puede convertirse en una trinchera que impida la vida laboral y los trámites básicos. Mantener ese equilibrio no es tarea menor en un país donde la desconfianza entre Estado y comunidades sigue en aumento.
Una tarde tensa, pero con servicios garantizados
Horas después, el Gobierno departamental entregó un parte de tranquilidad. Óscar Armando Trujillo, director del DADI, aseguró que se garantizó la atención a los usuarios pese a la contingencia y que el PMU seguirá activo para evitar nuevas afectaciones. Esta reacción busca recuperar la calma ciudadana, pero también marca un contraste: mientras se atienden las urgencias del día a día, el fondo del problema sigue pendiente de resolución. El compromiso, aseguró el funcionario, es mantener los servicios con normalidad el 27 de noviembre, desde las 7:00 a.m., tanto en el edificio San Francisco como en plataformas digitales.
Una jornada que expone un conflicto sin resolver
La Gobernación concluyó que informará cualquier novedad por sus canales oficiales, pero el episodio deja una sensación incómoda: aunque la protesta no escaló, el conflicto de fondo sigue intacto. Los reclamantes de tierras no buscan simplemente ser escuchados, sino obtener respuestas que solo pueden dar las entidades nacionales. Y mientras ese diálogo se dilata, el territorio carga con el costo emocional, operativo y simbólico de un problema estructural. Este episodio recuerda que, en Colombia, la tierra sigue siendo un campo de disputa donde el Estado, fragmentado en sus niveles, responde con velocidades diferentes. Entre tanto, la ciudadanía queda atrapada en medio de una tensión que no escogió, pero que sí la afecta.
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