El impuesto al patrimonio pone a prueba la solidaridad empresarial y la capacidad del Estado para administrar la tragedia.
La respuesta llegó en forma de decreto. Un impuesto al patrimonio para empresas, con una tarifa general del 0,5% y una diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según el Ejecutivo, estos sectores aportarían el 56% del recaudo destinado a cubrir una factura que asciende a 8 billones de pesos. No es una decisión menor. Es una señal política.
Durante años, las emergencias en Colombia han terminado financiadas por ajustes que golpean, directa o indirectamente, a la clase media y a los sectores más vulnerables. Esta vez el Gobierno decidió mirar hacia los balances corporativos, argumentando que el sector financiero duplicó utilidades en el último año. El mensaje es claro: si hay bonanza en la cima, debe haber corresponsabilidad en la crisis.
Pero aquí comienza el verdadero debate.
¿Se trata de un acto de justicia distributiva o de una carga que puede desincentivar inversión y crédito en un momento económico frágil? La historia muestra que los impuestos extraordinarios pueden ser necesarios en contextos extraordinarios. También muestra que la incertidumbre tributaria puede erosionar la confianza empresarial.
La discusión, entonces, no es solo cuánto se recauda, sino cómo se ejecuta. Porque si los 8 billones prometidos no se traducen en viviendas reconstruidas, vías rehabilitadas y cultivos recuperados, el impuesto se convertirá en un gesto simbólico sin legitimidad social.
El país enfrenta algo más profundo que un fenómeno climático: enfrenta una prueba de su contrato social. La empresa privada tiene hoy la oportunidad de demostrar que su éxito no es ajeno al entorno que lo hace posible. El Estado, por su parte, tiene la obligación de probar que cada peso recaudado tendrá destino transparente y eficiente.
El debate apenas comienza. Y esta vez, no se trata solo de números, sino de confianza.
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