Comunidad, Alcaldía y Corfecali se enfrentan por el futuro de 71 árboles jóvenes en un corredor clave del centro de la ciudad. Mientras habitantes denuncian una presunta tala, las autoridades aseguran que solo habrá reubicación técnica y controlada.
Foto: Comunicaciones Dagma
Redacción RMC Noticias
Una polémica que crece con la temporada festiva
Cali, noviembre 17 de 2025. En la Comuna 3 de Cali, la controversia por el manejo de un grupo de árboles en la Calle 25 ha escalado hasta convertirse en un tema de debate público. Habitantes del sector denuncian lo que consideran una intención de “arboricidio”, mientras la Alcaldía asegura que no habrá tala y atribuye la alarma a una campaña de desinformación que busca deslegitimar las actividades culturales de fin de año. En medio de versiones cruzadas, la discusión revela tensiones profundas entre planeación urbana, participación ciudadana y protección ambiental.
Las denuncias ciudadanas: temor por la pérdida del corredor verde
Vecinos de la Comuna 3 alertaron sobre un supuesto plan para eliminar los árboles del corredor entre carreras 3 y 7, argumentando que el traslado afectaría el microclima, la sombra y la conectividad ecológica. Varias organizaciones barriales, apoyadas por firmas ciudadanas, denunciaron públicamente que la intervención estaría motivada por la necesidad de adecuar espacios para la Feria de Cali. El término “arboricidio” comenzó a circular en redes sociales, impulsado por la preocupación de que los eventos culturales se prioricen por encima del ambiente urbano.
La versión institucional: no habrá tala, solo reubicación técnica
La Alcaldía de Cali y el DAGMA sostienen que no existe ninguna autorización para talar árboles y que la intervención consiste únicamente en trasladar ejemplares jóvenes unos metros dentro del mismo corredor. Según Lina Marcela Botía, directora del DAGMA, estos árboles fueron sembrados hace 18 meses, lo que permite su reubicación bajo protocolos especializados. La funcionaria enfatizó que el distrito ha sembrado más de 20.000 árboles en menos de dos años, como muestra de su compromiso ambiental y su interés de evitar cualquier afectación a la biodiversidad urbana.
Un proceso controlado: técnicas, protocolos y supervisión
La intervención, a cargo de equipos técnicos contratados por Corfecali y supervisados por el DAGMA, incluye protocolos estrictos: evaluación del estado fitosanitario, extracción controlada para proteger raíces, transporte mediante grúa especializada, reubicación en suelos acondicionados y seguimiento posterior con riego y monitoreo fitosanitario. Según la Alcaldía, estas medidas garantizan tasas altas de supervivencia y preservan los servicios ecosistémicos del corredor, desmontando la idea de que moverlos equivale a perderlos.
Foto: Comunicaciones DagmaMitos, realidades y participación comunitaria
Las autoridades también desmintieron la supuesta desaparición del corredor ecológico, señalando que los árboles se mantendrán en el mismo sector y continuarán aportando regulación térmica, sombra y retención de humedad. Además, aseguraron que sí ha habido diálogo comunitario desde marzo, con jornadas de socialización y reuniones con líderes barriales y entidades de control. Como respuesta a las solicitudes ciudadanas, se descartó trasladar los árboles a otros sectores y se optó por reubicarlos dentro del mismo eje verde.
Feria de Cali y tensiones alrededor del espacio público
Desde Corfecali, su gerente Fabio Botero afirmó que detrás de las denuncias existe una campaña de desinformación con fines políticos que busca afectar las actividades culturales y la economía que se genera alrededor de la Feria. Para la organización, el diseño del corredor busca equilibrar movilidad, espacio público y cobertura vegetal, garantizando que la infraestructura temporal no implique daño ambiental. El distrito insiste en que la intervención incluye compensación arbórea y restauración de zonas verdes al finalizar los eventos.
Una disputa que exige transparencia y vigilancia ciudadana
La controversia en la Calle 25 expone una vez más la necesidad de que las intervenciones urbanas se comuniquen con mayor claridad y que los procesos ambientales se ejecuten con máxima transparencia. Aunque las autoridades aseguran que no habrá tala y que el traslado será técnicamente seguro, la desconfianza ciudadana refleja años de tensiones acumuladas entre desarrollo urbano y preservación ambiental. Este caso invita a mirar más allá de la coyuntura festiva y a exigir mecanismos de participación real, verificaciones independientes y un compromiso continuo con la naturaleza urbana. La ciudad merece un debate honesto que reemplace la desinformación con evidencia y que ponga, en el centro, el derecho colectivo a un entorno sostenible.

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