Crisis en la prestación de servicios de salud reabre el debate sobre el manejo nacional de las EPS intervenidas
Imagen video ( Maria Cristina Lesma) Secretaria de salud del Valle del Cauca
Un sistema intervenido, pero sin timón visible
La suspensión de servicios en clínicas que tradicionalmente atienden a afiliados de EPS intervenidas —entre ellas la Nueva EPS— ha desatado un ambiente de desconfianza entre los usuarios. Para la Gobernación, la causa inmediata es clara: los cambios frecuentes de interventores generan un vacío de gobernanza que se traduce en desorden administrativo, demoras en pagos y fallas en la continuidad asistencial. En un contexto donde cada decisión afecta vidas, la ausencia de información oportuna resulta inaceptable.
El impacto directo en pacientes con tratamientos continuos
Las interrupciones no son una simple molestia burocrática: afectan la supervivencia y el bienestar de pacientes que dependen de terapias ininterrumpidas. Personas con cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes o embarazos de alto riesgo ven cómo procedimientos clave se retrasan o quedan en limbo. Desde la voz colectiva de instituciones, profesionales y usuarios, se advierte un escenario en el que el sistema parece exigir resiliencia a quienes menos margen tienen para resistir.
Clínicas en alerta por el cambio constante de interventores
Para la red prestadora del Valle del Cauca, los cambios de interventores se han vuelto un obstáculo recurrente. Cada transición implica nuevos acuerdos, ajustes contractuales y renegociaciones que ralentizan la operación. La gobernadora Toro ha pedido mesas técnicas inmediatas y la formalización pública de los nombres de los nuevos responsables, con el fin de garantizar que clínicas como Occidente o Versalles puedan seguir atendiendo sin incertidumbre financiera ni operativa.
Una deuda multimillonaria que desangra la red hospitalaria
La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, advirtió que el Gobierno nacional adeuda cerca de $3 billones a la red pública y privada del departamento, una cifra que presiona la sostenibilidad de hospitales y clínicas que ya operan en una delgada línea de viabilidad. Sin recursos circulando, el sistema se vuelve más propenso a cierres, demoras y fallas críticas. La crisis, más que financiera, se vuelve humana: los pacientes pagan con su salud la consecuencia de decisiones tardías.
Medidas de contención mientras llega la claridad
Mientras se define el panorama, la Gobernación del Valle del Cauca ha decidido intensificar el seguimiento a las EPS intervenidas y fortalecer estrategias que han mostrado resultados positivos, como la desconcentración de servicios, que ya ha permitido llevar atención especializada a 14.106 vallecaucanos en sus municipios. Aun así, las autoridades locales insisten en que estas medidas son paliativos temporales, no soluciones estructurales.
La urgencia de una responsabilidad compartida
La situación abre un debate mayor: ¿cómo garantizar un sistema de salud que no dependa del ritmo político ni de decisiones administrativas cambiantes? La exigencia de la gobernadora Toro no es solo una solicitud institucional, sino una expresión del reclamo ciudadano por transparencia, continuidad y dignidad en la atención. En un país donde la salud se ha vuelto un termómetro de inequidades, la claridad sobre los interventores no es un formalismo, sino una obligación moral.
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