Petro prioriza compra de sistema antidrones por $13 billones y abre debate sobre el gasto en defensa

La orden del presidente Gustavo Petro de priorizar la compra de un sistema antidrones por $13 billones marca un punto de inflexión en la agenda de seguridad y defensa del país. Más allá del anuncio, la magnitud del monto y el carácter prioritario de la decisión envían un mensaje político claro: el control del espacio aéreo frente a nuevas amenazas se convierte en una apuesta central del Gobierno, con implicaciones que trascienden lo militar.

En los últimos años, los drones han dejado de ser herramientas recreativas para convertirse en instrumentos usados por redes criminales y actores armados. Desde vigilancia ilegal hasta transporte de explosivos o contrabando, su uso plantea retos que los sistemas tradicionales no siempre logran contener. Bajo este escenario, la compra de un sistema antidrones aparece como una respuesta tecnológica a una amenaza real, aunque todavía poco debatida en el espacio público.

El valor anunciado —$13 billones de pesos— no es un detalle menor. Representa una de las inversiones más altas en tecnología de defensa de los últimos años y obliga a preguntarse por las prioridades del gasto público. En un país con brechas sociales persistentes, el debate no es solo técnico, sino político: ¿cómo se justifica esta inversión frente a otras urgencias nacionales?, ¿qué resultados concretos se esperan?

Cuando el Ejecutivo habla de “priorizar”, también debería hablar de criterios, tiempos y controles. La experiencia colombiana demuestra que los grandes contratos en defensa requieren máxima transparencia, vigilancia ciudadana y claridad sobre los beneficios reales del sistema adquirido. La discusión no puede limitarse a la necesidad del equipo, sino a cómo se compra, a quién y bajo qué condiciones.

Un sistema antidrones no es solo hardware: implica dependencia tecnológica, entrenamiento, mantenimiento y, en muchos casos, proveedores internacionales. Aquí surge otra pregunta clave: ¿esta inversión fortalece la soberanía tecnológica del país o la profundiza en manos externas? El debate es estratégico y de largo plazo, especialmente en un contexto global de tensiones geopolíticas y control de datos.

Como sociedad, estamos llamados a mirar esta decisión más allá del titular. La priorización ordenada por el presidente Petro abre un debate legítimo sobre seguridad, gasto y modelo de Estado. No se trata de estar a favor o en contra de un sistema antidrones, sino de exigir argumentos, información y participación. Solo así una inversión de este tamaño podrá sostenerse no solo en el presupuesto, sino en la confianza pública.